INDUSTRIA ELÉCTRICA Y LA NACIONALIZACIÓN DE LA ELECTRICIDAD
Por Raúl Espinosa Gamboa
* Electricidad y desarrollo económico
La electrificación -y con ello la industria eléctrica- se inicia en México con capital nacional, mediante el empleo de pequeñas plantas particulares destinadas al uso industrial. Las primeras son instaladas a partir de 1880 y en 1881, la compañía Knight instaló las primeras lámparas incandescentes en la ciudad de México; al final de esa década se habían instalado 300 lámparas de este tipo. El primer edificio público en contar con luz eléctrica fue, naturalmente, el Palacio Nacional. Pronto la industria nacional percibió las ventajas de electrificar sus respectivos sistemas productivos.
En 1889 se inauguró la primera planta hidroeléctrica con capacidad de generación de 22 KW en Batopilas, Chihuahua. En 1895 el empresario Francés Arnold Vaquié (representante de la Societé du Necaxa) adquirió la concesión para aprovechar los recursos hidráulicos del río Necaxa en el estado de Puebla.
En 1900 el naciente sistema eléctrico sólo operaba en once ciudades y los estados que destacaron en la generación de electricidad fueron Puebla, Hidalgo, Guanajuato, San Luis Potosí, Nuevo León, México, Querétaro, Aguascalientes, Michoacán, Campeche, Jalisco, Chiapas, Zacatecas y Tabasco, y "se estimó la capacidad instalada para toda clase de servicios en alrededor de 20 mil kilovatios". En este proceso de electrificación masiva absorbieron a las empresas independientes, con "lo cual se favoreció la operación eléctrica de grandes sistemas de transportes urbanos e industria, mismo que a su vez contribuyó a la instalación y generación eléctrica y, para 1911, se consideraba que de las inversiones extranjeras el 7% estaban destinadas a la electricidad".
Ello permitió que surgieran dos poderosas empresas: Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz (Mexican Light and Power Company Limited) e Impulsora de Empresas Eléctricas. La primera fue creada en 1902 con capital anglocanadiense; operaba en el centro del país, incluyendo la ciudad de México, lo que posibilitó que entre 1910 y 1920 se afianzara como la principal empresa eléctrica del país, tras adquirir las compañías Luz Eléctrica, Electricidad, Explotadora de las Fuerzas Hidroeléctricas de San Idelfonso, Mexicana de Gas y Luz Eléctrica Limitada; Eléctrica Roberts, e Irrigadora de Luz y Fuerza del Estado de Hidalgo.
La segunda era "subsidiaria de la American and Foreign Power Company, que a su vez fue subsidiaria del consorcio estadunidense Electric Bond and Share. Su área de operación se concentró en el norte y el sur del país a través de las siguientes siete empresas: Compañía Eléctrica Mexicana del Norte, Compañía Eléctrica Mexicana del Centro, Compañía Eléctrica Mexicana del Sureste, Compañía Eléctrica Nacional, Compañía de Electricidad de Tampico, Compañía Nacional de Bienes Raíces y Compañía Eléctrica de Mérida".Estas dos empresas, junto con la Compañía Eléctrica de Chapala -importante en el primer tercio del siglo y cuyo origen se remonta a 1893, que será comprada por el gobierno federal en 1940-, ejercieron hasta la nacionalización un control monopólico sobre sus respectivos mercados regionales.
El Estado y la industria eléctrica
Como podemos observar, el origen de la industria eléctrica nacional fue impulsado por capital nacional, siendo desplazado por inversión extranjera. Asimismo, "estas empresas (extranjeras) aprovecharon la formación de economías de escala, y lo volvieron un mercado monopólico de la electricidad y se orientaron por el criterio de maximización del beneficio, puesto que se concentraron en los segmentos más redituables de la sociedad (sector industrial) desatendiendo a la mayor parte de la población rural".
Ese evidente carácter estratégico y prioritario, sus prácticas monopólicas y la trascendencia de la energía eléctrica para el desarrollo económico y social, "llevaron al presidente Álvaro Obregón a crear en 1923 la Comisión para el Fomento y Control de la Industria de Generación de Fuerza, con el objetivo de ejercer un control satisfactorio de la industria. En principio, se pusieron en práctica acciones para restringir las ganancias excesivas y las actividades monopólicas".
En 1926 el Congreso de la Unión decretó el Código Nacional Eléctrico, "que permite al gobierno controlar las concesiones y establecer los requisitos técnicos para la construcción, el manejo y la conservación de las instalaciones eléctricas. Además, se reformó el artículo 73 de la Constitución para otorgar al Congreso federal la facultad de legislar en materia de electricidad, declarar de utilidad pública a la industria eléctrica, proceder a la regulación de las tarifas y obligar a las empresas generadoras a firmar contratos de suministro con los consumidores".
En 1933 se envió al Congreso de la Unión una iniciativa de ley para constituir la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que cuatro años más tarde inició sus funciones. El 14 de agosto de 1937 entró en vigor y se le asignó la misión de generar y distribuir energía eléctrica con una visión nacional. El nacimiento de la CFE respondió a la política de cambio estructural impulsado por el Presidente Lázaro Cárdenas. En este sentido, el sector energético (petróleo y electricidad) junto con el fomento de la banca de desarrollo fueron instrumentos utilizados para apoyar el programa de industrialización nacional.
Nacionalización de la electricidad
El presidente Adolfo López Mateos, el 27 de septiembre de 1960, decretó la nacionalización de la electricidad en México, y en su mensaje por tal motivo señaló que al tomar posesión la nación mexicana de la compañía de luz "se consuma un largo esfuerzo desarrollado por el pueblo de México para tener en sus manos la energía eléctrica que el país produce por manos de mexicanos". Ese día, como respuesta al decreto, decenas de millares de trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y otros más organizaron tres grandes mítines que se iniciaron frente a la nacionalizada Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, y concluyeron en una magna concentración en el zócalo para celebrar la nacionalización de la electricidad, pues se convertía en "la base para acelerar la industrialización de México".
El presidente enfatizó que "Hemos de velar todos para que la industria eléctrica en México se maneje con la mayor limpieza, para que todos sus beneficios sean para el pueblo y sólo para el pueblo". En su Segundo Informe, presentado el primero de septiembre de 1960, había señalado: "Nuestra prosperidad debe apoyarse en el empleo armónico de nuestros recursos naturales, humanos, técnicos y financieros, para crear la abundancia que fortalezca e integre una sana economía, eleve la vida humana y asegure la existencia independiente y soberana de la nación".
El 21 de octubre de 1960, el presidente Adolfo López Mateos envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de Ley para adecuar el párrafo VI del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que decía:
"Artículo único. Se adiciona al párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente:
Corresponde exclusivamente a la Nación generar, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.
Transitorios:
Primero. Esta adición entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La ley reglamentaria fijará las normas a que deben sujetarse las concesiones otorgadas con anterioridad a la vigencia de la presente Ley."
Privatización o extranjerización de la electricidad
Con la nacionalización de la industria eléctrica, el gobierno mexicano adquirió la mayoría, aunque no la totalidad, de las acciones de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza que se encontraba en poder de inversionistas belgas, estadunidenses, británicos y canadienses, pasando así a controlar a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLFC), la principal filial del grupo.
Al mismo tiempo, compró los activos de las siete empresas que estaban bajo la administración de la Compañía Impulsora de Empresas Eléctricas. Con esas operaciones de compra–venta, el proceso de integración tuvo un avance definitivo. El control del servicio público de energía eléctrica fue asumido por el gobierno federal a través de la CFE, con 19 filiales; la CLFC, con tres empresas asociadas, y la compañía Impulsora de Empresas Eléctricas. Durante los años que siguieron, CFE continuó con su proceso establecido en la Constitución.
En 1975 se emitió la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, mediante la cual se unificó el servicio en una sola entidad a cargo de la CFE, que en adelante se le asignó la responsabilidad de llevar a cabo todas las actividades relacionadas con generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica.
Después de la nacionalización, la capacidad instalada de la industria eléctrica inició un periodo de rápida expansión. Entre 1960 y 1976 la producción de electricidad pasó de 1.257 MW a 10.617 MW.
Hoy, ese mensaje del presidente López Mateos ha sido enviado al olvido por las políticas neoliberales, que en su afán de crear un ambiente para la privatización (entiéndase además extranjerizar) de la electricidad, ha "liberado" las tarifas, pues precisamente lo que pretenden concesionar es "la comercialización" del fluido y por ello buscan reformar la Constitución. ¿Pero sabe usted a quién beneficia ésta decisión?
Lo que en realidad se necesita hoy en nuestro país, es reestructurar sin privatizar la industria eléctrica y la utilización de la electricidad, lo cual deberá significar la suspensión de subsidios eléctricos a las grandes empresas privadas y monopólicas, para que a su vez estas eficienten su uso y aprovechamiento.
Debemos evitar que pase a manos privadas "la comercialización de la electricidad", bajo los mismos pretextos que se hizo con los bancos pues sólo beneficiará a unos pocos, en perjuicio de la nación, ya que su posterior encarecimiento será un freno al desarrollo y generador de más pobreza.