LA REFORMA DEL ESTADO
MEXICANO.
Históricamente el tema del Estado se ha colocado en el
centro del debate
ideológico y político. Las clases dominantes
han oscurecido, intencionalmente,
su verdadera naturaleza; han justificado su existencia y sus
funciones invocando
la dirección de los más capaces sobre el resto
de la población, como lo hizo
Aristóteles bajo el esclavismo, o bien le atribuyen origen
divino como en la
monarquía, o lo presentan como el gobierno de todo el
pueblo, en el Estado
representativo moderno.
Tuvieron que pasar muchos siglos, hasta que la humanidad alcanzó
cierto grado de
desarrollo general, para descubrir la verdadera esencia del Estado,
definido a
la luz de la ciencia mas avanzada como el instrumento en manos
de una minoría
acaudalada, para garantizar sus intereses, dominar y sujetar
a la mayoría.
Dicen Marx y Engels: "El gobierno del Estado moderno no es más
que una junta que
administra los negocios comunes de toda la clase burguesa".
A pesar de todo, sobre el Estado se mantiene un velo denso que
impide a las
masas populares la comprensión de lo que es y los intereses
que representa.
México no se ha desarrollado, aún con sus características
propias, al margen del
camino que ha transitado la humanidad, no porque aquí
se hayan repetido todas
las etapas del avance humano tal y como se dieron en Europa o
en otras latitudes
del planeta.
Por ejemplo no conocimos el esclavismo como sistema, pero sí
hubo esclavos; el
régimen monárquico no tuvo las características
clásicas, porque sufrimos 300
años de colonizaje español, y el Estado surgido
de la Revolución Mexicana nació
como un Estado antifeudal y antiimperialista, al lado del primer
Estado
Socialista y en medio de la profunda crisis económica,
política y social que
significó la primera guerra mundial.
La clase social que triunfó militar y políticamente
en la Revolución de 1910, y
que ha dirigido al Estado mexicano desde entonces, se vio obligada
a reconocer
reclamos populares e incorporarlos en el más alto nivel
de la estructura
jurídica, como es la Constitución, pero no por
razones morales, sino por
intereses de clase. Bastaría citar la urgencia de
liberar a los peones
acasillados, que era la mayoría de la población
mexicana de ese tiempo, para
comprender que la burguesía rural, en camino de transfor-marse
en burguesía
industrial, necesitaba compradores, requería consumidores
que tuvieran dinero en
el bolsillo y que, por lo tanto, fueran liberados de la férrea
estructura feudal
de la hacienda.
El Estado emanado de la Revolución Mexicana, para romper
las trabas feudales del
campo, para industrializar al país y, en general, para
desarrollar las fuerzas
productivas, tuvo que establecer disposicio-nes orientadas a
fortalecer el
mercado interno. Necesitaba implantar medidas protectoras
de obreros y
campesinos principalmente, sin las cuales no lograría
su propia fortaleza y el
crecimiento de la burguesía.
El Estado mexicano, como lo conocemos ahora, no se puede atribuir
a la buena o
mala fe, a las buenas o malas intenciones o a un cumulo de errores
de los
gobernantes, sino a la vigencia del sistema capitalista y a las
consecuencias
que acarrea este sistema.
La burguesía mexicana que se ha desarrollado y creció
como en otras partes del
mundo, a costa de los trabajadores, encontró en el sector
estatal de la economía
un punto de apoyo para fortalecerse; se pegó a ese sector,
y a partir de allí
acumuló grandes fortunas.
Desde el punto de vista político la burguesía resultó
una clase social
beneficiaria del Estado protector. Hoy que le estorba el
Estado, le denomina
despectivamente Estado obeso o estado populista y exige, en nombre
de la
libertad económica, acabar con las normas que le impiden
acentuar la explotación
más despiadada del trabajo.
Prácticamente la burguesía ejerce el poder en México.
Con ella acordaba la
política del país, en los Pinos, con 300 empresarios,
amos y señores de vidas y
haciendas, cúpula que se ha reducido para formar la oligarquía.
El siguiente dato es importante: en el Congreso de la Unión,
los partidos
representados han incorporado 62 legisladores conocidos y reconocidos
como
empresarios, situación que cambia cualitativamente la
naturaleza del legislativo
federal, que está dejando de ser el poder popular por
excelencia para
convertirse, cada vez más, en un poder de la clase económicamente
pudiente.
Hasta 1982 el Estado mexicano fue el que surgió del movimiento
armado de 1910,
plasmado en la Constitución de 1917, actor y motor de
las transformaciones que
experimentó México en siete décadas.
Desde el punto de vista formal, en el texto constitucional, y
desde 1824, nace
el Estado mexicano como un Estado Federal, con un régimen
republicano,
representativo y democrático, que se mantiene hasta la
fecha.
El Estado mexicano no ha estado ni está sobre la sociedad,
a pesar de haber
surgido de un movimiento revo- lucionario; responde, en su esencia
y naturaleza,
a los intereses de la clase social que triunfó ideológicamente
y en el campo de
las armas; nace con una orientación antifeudal, antiimperialista,
pero al mismo
tiempo democrático-burgués.
El Estado mexicano, con estas características, en siete
décadas hizo de México
un país industrial-agrario, superando el carácter
agrario atrasado y primitivo
que tenía en la segunda década del presente siglo.
El desarrollo industrial, que fue demanda de los sectores más
avanzados poco
después de expedida la Constitución de 1917 generó,
necesariamente, el
crecimiento de una burguesía que fue ocupando posiciones
importantes en el
aparato estatal, pero sobre todo se fue conformando como clase
homogénea. Al
mismo tiempo provocó el crecimiento cuantitativo de la
clase obrera.
Un Estado antifeudal, para romper las trabas que impedían
el desarrollo
económico, se vio precisado a proteger a grandes sectores
sociales tenía que ser
un Estado que reconociera derechos a los campesinos y a los obreros
principalmente.
Por eso tenemos en México una legislación laboral avanzada,
y
tuvimos normas constitucionales y legales que reconocieron el
derecho de los
mexicanos a la tierra, legislación sin la cual no hubiera
sido posible romper el
sistema de la hacienda.
De algún tiempo para acá se ha venido hablando de
reformar el Estado, y hace
algunos meses se publicó en amplia relación de
temas que acordaron dos para
discutir absolutamente todo. Esto en realidad si
acaba no una reforma del
Estado sino una refundación del mismo.
Entonces había que preguntar, ¿se trata de reformar
el carácter antifeudal,
antiimperialista, y democrático-burgués del Estado
mexicano o se trata de
reformar el Estado en su acepción constitucional?; ¿se
busca reformar el Estado
surgido de la Revolución Mexicana o el que surgió,
formalmente desde 1824?
Los neoliberales han cambiado ya la naturaleza del Estado que
surgió de la
Revolución Mexicana. El neoliberalismo ha dejado un Estado
rector, con la
economía abierta y penetrada; se trata de un Estado que
protege a los
empresarios. Desde el punto de vista político ha
implantado, a sangre y fuego,
el bipartidismo de una misma clase social. A pretexto de
la globalización
abandonó la histórica política internacional,
en defensa de la soberanía de
México y de todos los pueblos de la tierra, por una de
carácter entreguista a
los intereses del gobierno y los monopolios yanquis. Se
ha erigido en promotor
del latifundismo y en defensor a ultranza de la propiedad privada.
El Estado neoliberal otorga, sobre cualquier consideración,
privilegios y al
capital extranjero, y fomenta el individualismo en las actitudes
de los
mexicanos; atenta violentamente contra la seguridad social y
todas las
conquistas laborales, y busca convertirse en un Estado clerical.
Otorga
protección e impulsa los intereses de la minoría
estableciendo la desalmada
libertad de comercio. Ha despojado al pueblo mexicano de
su patrimonio,
mediante el proceso privatizador, que dio lugar, además,
al crecimiento
inusitado de la corrupción. Se trata de un Estado
al servicio incondicional de
la minoría enriquecida y empobrecedor de las grandes mayorías
populares. En
fin, se trata de un Estado profundamente reaccionario, que ha
conducido a una
excesiva concentración de la riqueza y a manifestaciones
extremas de pobreza
Este es el Estado que hay que cambiar y no sólo reformar,
porque si no se
cambia, con sentido popular y nacional, lo que cambiaron los
neoliberales, no
habrá reforma del Estado. Todo esto demuestra que
la burguesía gobernante ha
conducido al país a un proceso, cada vez más intenso,
caracterizado por la
pérdida de la soberanía, la más ominosa
corrupción y a un proceso de degradación
moral y descomposición política, demostrando, a
la vez, una absoluta incapacidad
para dirigir la economía y las finanzas nacionales.
En estas circunstancias, la
nación prácticamente se les desmorona en las manos.
La burguesía burocrática y neoliberal que ha gobernado
a México en la última
década, no puede seguir gobernando a este país.
Hoy la única clase que puede salvar a México del
riesgo de desaparecer como
nación, es la clase trabajadora. Es entonces impostergable
el establecimiento
de una Nueva Democracia Popular que se exprese por medio de un
gobierno de
coalición, integrado por las diferentes clase sociales
progresistas,
antiimperialistas y democráticas, dirigido por la clase
trabajadora.
Ese gobierno de Democracia Popular tiene que ser, necesariamente,
antineoliberal, y deberá expresarse a través de
un Estado que promueva la
democracia económica, política y social.
Democracia económica, porque se requiere un desarrollo
acelerado de las fuerzas
productivas, con una justa distribución de la riqueza
nacional. Rescatar el
papel del Estado en la economía nacional, mediante una
intervención más
acentuada y, por lo tanto, el fortalecimiento del sector público
en los niveles
federal, estatal y municipal, manteniendo y ampliando las áreas
estratégicas en
manos del Estado exclusivamente
Democracia política, porque es urgente establecer un régimen
político dirigido
por los trabajadores con representativos de otras clases sociales
que compartan
el propósito de construir una nación independiente,
progresista y soberana,
régimen donde el pueblo tenga, en todo tiempo, el poder
real sobre los asuntos
de su gobierno.
Democracia social, porque tanto el desarrollo económico
como el político no
tendrían sentido si se fincan en la pobreza del pueblo.
El crecimiento
económico, la producción, la técnica y la
ciencia no tienen sentido más que
puestas al servicio del hombre. Por lo tanto, se requiere
un progreso económico
creciente cuyo propósito esencial sea el de elevar permanentemente
la calidad de
vida de los mexicanos, a través de asegurar empleo decoroso
y bien pagado para
los trabajadores, terminando, para siempre, con la inseguridad
en el empleo.
La seguridad social debe tener un carácter universal y
no selectivo.
Todo lo anterior significa que la reforma del Estado que necesitamos
los
mexicanos no debe, ni puede reducirse a cambios formales en la
relación entre
los poderes de la Unión, o en la de éstos con los
poderes estatales y
municipales que, aún cuando tuviera relativa importancia
dejaría las cosas como
están, sin que el pueblo recibiera los beneficios de esa
reforma.
Por lo tanto, y en virtud de los graves daños que el Estado
neoliberal está
ocasionando a los mexicanos y a la nación, en su conjunto,
es necesario, urgente
e inaplazable cambiarlo, para construir uno de tipo nuevo al
servicio
incondicional de la patria y de los mexicanos.