El macizo sobre el que se asienta la colonia Granjas Lomas del Poleo, ubicada apenas una milla al oriente del punto limítrofe entre México y Estados Unidos, denominado Santa Teresa, y a unos 25 minutos de Ciudad Juárez, es también el punto geográfico en donde se cruzan la ambición desmedida del capital trasnacional, el poder sin contrapesos de dos de las familias más adineradas e impunes del norte del país, los Zaragoza y los Vallina, y la servidumbre de los gobiernos federal, estatal y municipal, cuyas torpezas y abusos de autoridad no han podido doblegar, sin embargo, en los últimos años, la resistencia ni la dignidad de más 55 familias pobres que en esa latitud luchan porque se reconozcan sus derechos sobre la tierra, donde han padecido el dolor del olvido y han visto pasar la vida durante los últimos 30 años.
De hecho, Granjas Lomas del Poleo es una especie de segundo piso de esta frontera. Desde su techo bien aireado y luminoso pareciera que todo su alrededor es inabarcable, si no fuera por la vergüenza de una estirada cerca de postes de concreto, pintados de blanco y cruzados con alambre de púas, construida por guardias blancas, financiados por Pedro y Jorge Zaragoza, con el propósito de asfixiar la vida cotidiana de los habitantes.
La imagen en ese andurrial de hombres corpulentos, armados hasta los dientes, y de una torre de control, levantada a un lado de una cerca que corre aparejada a un portón de fierro pintado de gris, obligadamente regresa la memoria, en plena entrada del siglo XXI, al paisaje siniestro y fantasmal de la Alemania nazi de los años cuarenta.
Y es que en este yermo olvidado del país, por mandato del más fuerte, la historia ha retrocedido por lo menos cincuenta años.
En ese marco, los habitantes de Granjas Lomas del Poleo, olvidados por los medios de comunicación y echados de la agenda, como asunto urgente, por algunas de las más importantes organizaciones sociales de esta frontera, padecen desde el mes de marzo del 2003, una embestida sin precedentes por este grupo de choque que, pertrechado con pistolas de grueso calibre, bastones de fierro, bombas molotov, cadenas de acero, chicotes de alambre y radios de comunicación, no sólo montan guardia día y noche en el único acceso de esa colonia, sino que, además, han asesinado a un colono, han propiciado la muerte de otros y han quemado y destruidos por lo menos 40 humildes moradas adentro de la zona.
Estos “puros maleantes”, como los nombran los vecinos, son los mismos que desde su llegada al lugar, se han dedicado a insultar y agredir a mujeres y niños que transitan por las calles del asentamiento, quienes a pesar de su vulnerabilidad, pero seguros de que su lucha es justa, han decidido, junto a los hombres, resistir estoicamente por el pedazo de tierra que por tiempo, posesión y derecho les corresponde.
El sentimiento de miedo y desolación que hoy sufren los moradores de ese paraje, quizá apaciguado sólo por el bálsamo que conlleva la lucha, no es nuevo si recordamos que en la mitad de la década pasada el nombre de Lomas del Poleo dio vuelta al mundo cuando se conoció que en sus terrenos se desenterraron por lo menos doce cuerpos de mujeres ultrajadas y asesinadas, cuyos verdaderos culpables hasta ahora tampoco han sido llevados por autoridad alguna ante la justicia.
En la conciencia colectiva de esa comunidad y de algunos sectores sociales de la frontera prevalece la sospecha fundada de que esos asesinatos pudieron haber sido parte de una estrategia que se montó desde la prosperidad económica y el poder fáctico del dinero, siempre ligado en gran medida al fenómeno del narcotráfico, con el doble objetivo de sembrar terror entre los comuneros del rumbo y desacreditar esa zona para que perdiera valor e interés inmobiliario.
Pero esa es otra historia.
La que hoy nos ocupa empieza cuando los tentáculos de la economía global tocan una vez más la puerta de esta frontera, convertida ya en una de las principales entradas del neoliberalismo hacia los países pobres del sur de América Latina, y acuerda con un grupo conspicuo de empresarios nativos la construcción de lo que será uno de los mayores polos de desarrollo maquilador, al servicio de la industria aeroespacial y automotriz norteamericana.
Este corredor industrial que se situará sobre una parte de un inmenso predio de 20 mil hectáreas, conocido como San Jerónimo, es propiedad de Eloy Vallina Laguera, uno de los empresarios chihuahuenses que en los últimos años ha acrecentado su capital financiero e inmobiliario gracias a sus relaciones oscuras con el poder político a nivel local y federal.
Sin importarles el daño ambiental de rasgos irreversibles que sufrirá Ciudad Juárez, con sus casi dos millones de habitantes, con la puesta en marcha de este mega proyecto, las trasnacionales encontraron en Vallina Laguera y sus influencias, al barón ideal, que les permitirá asentar una suerte de ciudad binacional, donde obviamente quedará borrada la frontera, se abolirán los controles aduanales y desaparecerán los impuestos para facilitar el transporte de millones de toneladas de insumos y mercancías entre ambos países.
Según especialistas en el tema del agua, la anchurosa superficie del terreno que posee Vallina en el poniente de Juárez cubre uno de los más ricos mantos acuíferos, denominado Conejos Médanos, que esta ciudad necesitará para su sobrevivencia en los próximos 20 años. Es previsible que al construirse San Jerónimo el agua de este manto se use para cubrir la demanda de ese emporio maquilador.
La zona franca que se prevé instalar entre San Jerónimo del lado mexicano y santa Teresa del lado de Nuevo México, a finales de este año o principios de 2008, cuenta con el impulso de capitales millonarios, cuyas cabezas más visibles en Estados Unidos son Bill Sanders y el ex candidato ultraderechista a la presidencia norteamericana, Ross Perot.
Está claro que los dueños del capital trasnacional conocen bien a su socio de este lado del río Bravo. Seguramente Vallina Laguera, un tipo sin finura ni escrúpulos, no deja de provocarles cierta admiración no sólo por su despotismo con que trata a sus subordinados, sino por su capacidad de maniobra que ostenta cuando pacta y cierra negocios con la cúpula del poder político mexicano.
Sobre lo anterior da luz el hecho que causó escándalo en esta frontera e irritó a la sociedad cuando apenas dos semanas antes de dejar el cargo, en septiembre de 2004, Patricio Martínez abonó a las cuentas bancarias de Vallina Laguera 4.6 millones de dólares como pago a una extraña expropiación que el gobierno estatal ordenó sobre 212 hectáreas de terreno que el magnate chihuahuense posee en San Jerónimo.
Esas 212 hectáreas que el gobierno estatal expropió en ese entonces son parte de las 20 mil que Vallina Laguera adquirió en distintas transacciones en el año de 1998 para asentar su proyecto maquilador y por las que pagó 5 millones de dólares. Es evidente el jugoso negocio que Vallina amarró con el gobierno de Patricio Martínez, que con ese desembolso prácticamente cubrió el total que el empresario pagó en 1998 por los predios de San Jerónimo. Una chulada de business ¿a cambio de qué?.
Pero eso no es todo. Durante su mandato, Patricio Martínez construyó una carretera que parte del poblado de Samalayuca, atraviesa los terrenos de Vallina y termina en el punto fronterizo Santa Teresa. Ahí el Estado gastó 172 millones de pesos con cargo al erario estatal. Pero faltaba la cereza que coronara el pastel: antes de la apertura de esa vía, el gobierno expropió y pago a precio de oro una franja de terreno del propio Vallina para la construcción de la carretera en cuestión.
Con intereses económicos en esa zona, el actual presidente municipal de Ciudad Juárez, Héctor Murguía Lardizábal logró también que el cabildo aprobara la construcción de lo que se conoce como Camino Real que no es más que una vía serpenteante de seis carriles que conecta a esta ciudad con el emporio de Vallina y con importantes extensiones de terrenos en manos de conocidos empresarios locales que en los últimos años se han apropiado del poniente de la ciudad.
El dinero que se usó para la construcción de esa vía costó a los juarenses cerca de 850 millones de pesos, los cuales, dice José Luis Flores, simpatizante del PAN y miembro del Consejo Ciudadano en esta frontera, se deberían haber empleados para equipar con infraestructura vial a esta ciudad cuyas calles y avenidas carecen de pavimento en un 50 por ciento, según expresó también, José Rodríguez Chávez, ex consejero del Consejo Deliberativo del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, en una carta dirigida a un medio local, a mediados del año pasado.
El 28 de diciembre del 2005, el cabildo juarense aprobó el Plan Parcial de San Jerónimo, acción que levantó un gran polémica entre distintas organizaciones sociales en Ciudad Juárez, las cuales impulsaron la realización de un referéndum ciudadano para detener este intento. A pesar de que se reunieron más de 52 mil firmas en a favor del referéndum, el Instituto Estatal Electoral no acató la solicitud para la realización del mismo, alegando que el número de firmas era insuficiente, señala Cecilia Espinoza de la Mesa de Mujeres en esta frontera.
Los que estorban al desarrollo neoliberal
Hace casi cuarenta años, decenas de campesinos sin tierra empezaron a buscar acomodo en el último paraje del norponiente de esta frontera en donde, por consejo de un viejo dirigente popular, de extracción priísta, Luis Urbina, obtuvieron un acta de posesión, levantaron sus primeras casas y soñaron, entonces, en medio de la precariedad absoluta, que pese a los avatares de tiempos ingratos se podía construir la existencia de una vida digna.
El arribo de los primeros colonos a Lomas del Poleo coincide con la época dorada del PRI, en la que en país priva la tendencia a tolerar la invasión de grandes superficies de tierra propiedad de la nación, por una gran mancha de desposeídos, sobre todo en zonas marginadas. El sistema patriarcal de entonces cumple con repartos irregulares de terrenos en el medio rural y urbano y de esa manera fortalece su proyecto de control masivo, engrosa las filas del movimiento territorial de su partido y garantiza para sí la cauda de votos en tiempos electorales.
En el último filón de los sesentas, Lomas del Poleo no queda exenta de este fenómeno. A este lugar llegan decenas de familias precaristas, en su mayoría migrantes de algunos Estados vecinos y otras más provenientes del centro y sur del país, quienes, lejos de su tierra de origen y enfrentados a climas adversos y extremos, decidieron organizarse para establecer sus primeras granjas para la crianza de conejos, chivas y vacas, en una superficie no mayor de dos hectáreas por persona.
Otros se emplearon como obreros en la industria maquiladora local y como pepenadores en basureros de Estados Unidos, a los que accedían después de saltar la línea fronteriza en las primeras horas de la madrugada, según cuenta Cecilia Espinoza Martínez, una activa dirigente del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, quien no apaga su teléfono celular durante las 24 horas del día para estar pendiente de lo que sucede en la agitada vida de estos colonos quienes, ahora, tienen que sortear celosamente otro tipo de barrera, igual o peor de ignominiosa, erguida en su propia tierra y vigilada por policías particulares, pagados por poderosos que buscan por la fuerza y por encima de la ley la desocupación de esas tierras antes de que un tribunal agrario dicte su propiedad legal o que otras instancias judiciales determinen su posesión.
En el tiempo en que los primeros colonos empezaron a construir sus viviendas en Lomas del Poleo, nadie reclamó esas tierras como suyas. Lo olvidado y apartado del lugar y la falta de dinamismo industrial y comercial en Nuevo México, Estado de la unión americana con el que mantiene límites territoriales, convertían esa porción de terreno en una zona poco atractiva para la inversión.
Hasta en los últimos años de la década pasada, sus habitantes no tuvieron acceso a ningún tipo de servicio público. El agua, la luz eléctrica, el transporte público, las escuelas, la iglesia fueron llegando muy despacio y se hicieron realidad únicamente por el tesón incansable de los vecinos.
Con sus propias manos, a fuerza de pico y pala, abrieron las primeras calles. Ellos arrimaron el agua con pipas, gestionaron y pagaron la introducción del la energía eléctrica, construyeron los fines de semana la única escuela primaria y el kínder del lugar. Siempre batallaron, pero nunca se echaron para atrás.
A pesar de las carencias del terreno, se sentían contentos. Allá arriba, en los meses de lluvia, el desierto florea bonito y el aire es más limpio y respirable con respecto a la ciudad. El clima fresco en otoño y la luna inmensa de octubre permite que la vida sea menos pesada. Los atardeceres y celajes polícromos del poniente siempre han sido una tentación para fotógrafos deslumbrados.
Sin embargo, esta perspectiva cambió dramáticamente cuando llegó la zozobra al lugar. Ahora los rostros son otros. El rictus de la tristeza, el miedo y el coraje no se oculta. Atrás de cada mirada, de cada gesto, de cada palabra hay dolor pero también ganas de no dejarse. De gritar: “chinguen su madre los ricos gandallas”.
Está claro, pues, que atrás de la pretensión de los hermanos Zaragoza de apoderarse de esas tierras subyace una causa medular: las aproximadamente 345 hectáreas que ocupan los terrenos de la Colonia Granjas de Lomas del Poleo se ubican en el punto medio entre Ciudad Juárez y la superficie donde se erigirá el mega proyecto de San Jerónimo. Ese factor transforma esos predios de su antigua condición de estepa baldía en una variable económica y de inversión muy codiciada.
Lo que aspiran aquí Pedro y Jorge Zaragoza, aliados al gran capital trasnacional, es fundar proyectos económicos en los queden excluidos todos aquellos que no tengan capital. Y ello significa en el campo de los derechos humanos una profunda y sistemática violación, señala Oscar Altamirano, abogado del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.
Seguramente, Pedro y Jorge Zaragoza desean construir en ese lugar parques industriales, fraccionamientos, zonas comerciales. “Saben muy bien del valor geográfico que representa la ubicación de la parte alta de Lomas del Poleo. Y por eso la están peleando. El hecho de que esa extensión ocupe exactamente la parte media entre San Jerónimo y Ciudad Juárez transforma este lugar en un espacio idóneo para los cruces comerciales entre México y Estados Unidos. Concretamente, entre Chihuahua, Nuevo México y Texas”, señala Altamirano.
En ese sentido, el abogado se pregunta con preocupación ¿por qué, según algunos miembros de la familia Zaragoza, los vecinos de Lomas del Poleo no tienen derecho de progresar con la ciudad?
El acoso
Refugio Tagle, con más de 30 años de habitar en Lomas del Poleo, recuerda la última etapa de los años ochenta cuando surgieron los primeros indicios del conflicto. En ese tiempo, con la aparición de algunos particulares que hoy se ostentan como legítimos propietarios de terrenos en ese lugar, soplaron también los primeros aires admonitorios de esta guerra desigual.
Sin embargo, no fue sino hasta casi 20 años después, cuando el proyecto industrial de San Jerónimo adquirió relevancia que Pedro y Jorge Zaragoza decidieron también iniciar su campaña de acoso en contra de Lomas del Poleo.
Según recuerdan algunos vecinos, el hostigamiento en su contra empezó en mayo de 2003, cuando la Comisión Federal de Electricidad dejó en oscuras a la colonia, después de retirar de las calles todos los postes y cientos de metros del cableado de la luz eléctrica.
La desconexión de la energía por parte de la Comisión Federal de electricidad fue ordenada por los Zaragoza luego de que un Magistrado de Circuito le extendió un amparo para la ejecución de ese acto.
Antonio González, tornado en los últimos años en uno de los más claros expositores del conflicto en Lomas, señala que en ese hecho los Zaragoza no sólo gozaron de la protección de una autoridad federal sino además contaron con el apoyo tácito de la Dirección de Seguridad Pública Municipal que envió al lugar varias patrullas de policía para escoltar y proteger a los trabajadores de la CFE, mientras éstos retiraban los postes de la luz.
“Esto nos afecto mucho. Prácticamente nos dejó en tinieblas”, dice Ernesto Domínguez Arellano, otro residente afectado, quien coincide con María Guadalupe Macías a cerca de la indiferencia de la Comisión Federal de Electricidad de “dejar a la gente sin aire. No les importó que los niños se quedaran sin refrigeración a pesar de que saben que las temperaturas aquí sube más de los cuarenta grados”. (ver documental Poleo Hablando)
A través del Ayuntamiento de Ciudad Juárez, los vecinos contrataron en el año 2000 la electrificación de la colonia. Ellos pagaron la instalación de los postes y cubrieron el costo de la introducción de las líneas. Desde ese año pagaban a la CFE sus recibos de consumo. “Sin embargo, nada les importó y nos dejaron en tinieblas”, señala Arellano.
Para hacer frente a este atropello, más de 62 vecinos interpusieron una demanda ante la Procuraduría Federal del Consumidor en contra de los Zaragoza, la Comisión Federal de electricidad y el Comité de Planeación de Desarrollo Municipal. Sin embargo, cuatro años después, esa dependencia no ha respondido al reclamo de los colonos.
En los meses que siguieron al corte de la energía eléctrica en Lomas del Poleo, los empleados de los Zaragoza escalaron la confrontación y decidieron cercar la colonia, a la vez que levantaron un campamento, a un lado del tanque de agua, con el apoyo de más de una centena de hombres que usaron para agredir físicamente a los pobladores.
El 5 de septiembre de 2007, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, en un llamado urgente a las organizaciones sociales de la frontera y del país, denunció que desde “el 18 de marzo de 2004, la parte alta de la Colonia Granjas Lomas del Poleo fue invadida por más de un centenar de personas quienes con maquinaria pesada instalaron un cerco con postes de concreto y alambre de púas dejando dentro de ese perímetro la escuela primaria, el jardín de niños, un campo de fútbol y la iglesia”.
En este comunicado se percibe el tamaño de la saña con que han actuado los Zaragoza y sus testaferros en contra de una de las colonias más pobres de esta frontera.
Por ejemplo, en el comunicado se señala que “todas las viviendas de ese sector quedaron dentro del cerco y de manera continúa y reiterada se restringe el acceso de las familias a sus viviendas o a sus centros de trabajo, así como se limita la entrada y salida de quienes prestan algún servicio público o privado a los colonos”.
De acuerdo con la denuncia del Centro de Derechos Humanos Paso de Norte y de varios vecinos entrevistados, entre las “acciones ilegales realizadas por los guardias blancas, contratados por los hermanos Zaragoza a través de Manuel Esteban Balderas Rojas y José Hernández”, éste último presunto arrendatario del predio en litigio, destaca la destrucción e incendio de cerca de 40 viviendas y el asesinato de Luis Alberto Guerrero, cometido el 17 de octubre de 2005.
El homicidio de Guerrero Rodríguez ocurrió cuando éste se enfrentó al grupo de choque pagado por Pedro y Jorge Zaragoza y recibió una friega en momentos en que se destruían varias casas en su colonia.
Según varios testigos, Guerrero Rodríguez murió a causa de estallamiento de vísceras y múltiples golpes en distintas partes del cuerpo, pero los responsables de su muerte no han sido detenidos porque el Juzgado Tercero de lo Penal, donde se lleva la causa, según expediente número 434/05-II, considera que los asesinos de Guerrero pudieran haber sido los propios colonos aún no identificados.
Esta versión de funcionarios del juzgado carece de lógica y veracidad ya que según varios colonos entrevistados que presenciaron la agresión, Guerrero fue ultimado cuando ponía resistencia para que no se destruyera una casa por la brigada de “maleantes” que contrató los Zaragoza para enfrentar a los vecinos en Lomas del Poleo.
En un recuento de daños que León de la Rosa obtuvo y grabó para la realización de un documental titulado “Poleo Hablando”, editado el año pasado, se denunció, a parte de los casos anteriores, el incendio de una humilde morada donde perecieron dos menores, mientras su madre se encontraba fuera de su vivienda.
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Según la versión recogida en el video, los menores murieron carbonizados después de que dos hombres con aspecto de cholos, según señalaron algunos testigos, regaron gasolina alrededor de la morada y le prendieron fuego. Sin embargo, el peritaje de la autoridad judicial que acudió al lugar a levantar evidencia de los hechos, dictaminó que el incendio en cuestión se originó debido a un probable corto circuito en la corriente de la energía eléctrica. Lo curioso del dictamen policial es que el día de los hechos esa colonia tenía ya varios meses sin suministro de energía eléctrica.
Pero estos no son los únicos casos de violencia que ha enfrentado Lomas del Poleo: doña Petra Torres Enríquez, una mujer mayor de ochenta años, recuerda con dolor el día en que su hijo, Francisco Mejía Torres, murió a causa de un derrame biliar causado por el coraje que sintió al encontrar su casa destruida cuando regresaba del mandado acompañado de su madre.
Mejía Torres murió un día después por falta de asistencia médica.
Con padecimientos de hipertensión, diabetes, colesterol y descontrol en la tiroides, doña Carmen Quiñones, de 64 años, es otra víctima que recuerda con coraje la historia de pánico que vivió cuando destruyeron la vivienda de uno de sus vecinos. A pesar de su edad, los hombres armados que llegaron hasta el lugar, la arrastraron y la golpearon. A consecuencia de los golpes, doña Carmen tuvo que ser internada durante más de dos meses en el hospital del Seguro Social. Con quebrantos serios en su salud, sin embargo, ahora doña Carmen acompaña en las reuniones y en distintos actos a sus iguales en la lucha.
Manuel Delgado Quintana y su familia, son otros de los afectados por la destrucción indiscriminada de viviendas en el poniente de la frontera. En una reunión reciente en la Colonia Lomas del Poleo, Quintana contó que el 15 de agosto del 2005 un batallón de hombres entró a su casa y sustrajo de ésta todos sus muebles. Después, con un trascabo, derrumbaron sin miramientos lo que “a mí me costó construir durante mucho tiempo de trabajo”.
Con la voz quebrada por el llanto, Guadalupe Pineda rememora como su hijo Jaime, de apenas 10 años, temblaba como una rama de mezquite, cuando “esos maleantes” echaban las luces de las trockas frente a su precaria vivienda amenazándolos con derribarla.
Después de conocer esta larga lista de agravios, uno todavía se pregunta, ¿existirá juez alguno que pueda obligar a Pedro y Jorge Zaragoza a resarcir, por ejemplo, el daño moral y sicológico causado a Jaime González Pineda, un muchacho de 14 años, cuya niñez quedó truncada hace cuatro, cuando arreció el conflicto y decidió junto a sus padres convertirse en vigilante de tiempo completo para enfrentar y eludir la acción en su contra de los centinelas de los Zaragoza?
Todas las agresiones han sido denunciadas oportunamente por los colonos ante la Sub Procuraduría de Justicia del Estado y ante otras instancias correspondientes del ramo judicial. Sin embargo, hasta la fecha, ninguna dependencia del ramo ha librado una orden para que se capture y se castigue a los responsables.
En este contexto, es importante anotar, que la destrucción de viviendas en la parte alta de Lomas del Poleo siempre ha contado con la complicidad de la Dirección de Asentamientos Humanos del Ayuntamiento, a cargo de Carlos Morales, quien no sólo ha negado protección a los vecinos sino se ha convertido en uno de los principales impulsores de la reubicación del predio.
Los aliados del dinero
El camino de sangre y fuego que decidieron recorrer Pedro y Jorge Zaragoza en su pretensión de eliminar la resistencia de los colonos en Lomas del Poleo ha sido pavimentado desde inicios del conflicto por distintos y muy diversos actores que en la marcha se convirtieron en sus más eficaces aliados.
Es el caso de Héctor Murguía Lardizabal, presidente municipal de Ciudad Juárez, quien ha jugado un papel de mediador en este diferendo pero siempre a favor del emporio Zaragoza. El ejemplo más claro de lo anterior, lo constituye su nula intervención en contra del cerco de esa colonia y la obstrucción de todas sus calles.
Esto revela una actitud por lo menos cómplice de una autoridad municipal que está obligada a denunciar por vías judiciales a los responsables de este delito y a reponer por mandato de ley inmediatamente la apertura de las calles para su acceso. Esta es una potestad exclusiva de la autoridad municipal en este país, pero que en este conflicto no se ha cumplido, señala Oscar Altamirano, del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.
Por el contrario, Murguía Lardizabal si ha utilizado el poder de las distintas dependencias municipales para apoyar las acciones de hostigamiento y persecución en contra de los vecinos de Lomas del Poleo. Carlos Morales, encargado de la Dirección General Asentamientos Humanos es señalado como directamente responsable de presionar a los vecinos de la parte alta de lomas, mediante amenazas y distintas argucias de carácter legal, con el fin de que acepten la reubicación de sus predios.
Y aunque la tentativa de Carlos Morales no ha movido la dignidad ni el espíritu combativo de estas últimas 55 familias, que resisten en la loma, si logró, en la primera etapa del conflicto, doblegar a un buen número de colonos que aceptaron ser reubicados.
El carácter avieso del plan de la Dirección de Asentamientos Humanos y de los propios Zaragoza es que los terrenos donde ofrecen la mítica reubicación, comprende sólo 10 hectáreas, contradictoriamente asentadas dentro de las mismas 25 mil hectáreas que la Secretaría de la Reforma Agraria declaró como terrenos nacionales en 1975.
El trabajo sucio de Morales desde el Cabildo ha contado con el apoyo y la complicidad de Faustino Olivares y otros dirigente priistas corruptos que sin tener tierra en la parte alta de Lomas del Poleo lograron dividir el movimiento en esa colonia para su provecho personal. A Faustino Morales se le señala como autor de la venta fraudulenta de varios lotes de terreno, los cuales cotiza entre 15 y 20 mil pesos cada uno.
Pero esas no han sido las únicas acciones emprendidas por Murguía Lardizabal en contra de estos colonos. Reciente el problema, teto declaró que el municipio estaba interesado en que la Secretaría de la Reforma Agraria adjudicara esos terrenos al municipio. Es decir, el presidente municipal que ahora juega a favor de los intereses de los Zaragoza, en un primer momento pretendió la adjudicación de esos terrenos a la administración que encabeza, reconociendo tácitamente con ello, que los terrenos en litigio no son propiedad de un particular, sino propiedad de la nación.
¿O qué pretendía teto con esta treta? ¿Recibir de la Secretaría de la Reforma Agraria las 345 hectáreas de terreno en litigio para luego entregárselas o, en su caso, vendérselas a los Zaragoza ante la presumible debilidad de la estratagema legal de éstos?
Lo cierto es que en los últimos años todo el aparato burocrático de la administración municipal se ha volcado en contra de los colonos. Por ejemplo la Dirección de Obras Públicas municipales niega permisos de construcción para que los vecinos puedan levantar nuevamente sus casas en esos terrenos. Sabedores que los vecinos no tienen títulos de propiedad sino únicamente actas de posesión, los empleados de esa dependencia les exigen el título de posesión o la exhibición de escrituras para extender los permisos correspondientes.
En lo que atañe a la Secretaría de Seguridad Pública municipal y estatal, sus elementos se han negado en múltiples ocasiones a prestar auxilio a los colonos. Fue el caso en el homicidio de Luis Alberto Guerrero Rodríguez, el 17 de agosto de 2005, cuando la policía tardó varias horas en llegar al lugar de los hechos. Esa dependencia tampoco ha resuelto destacar más patrullas y elementos para resguardar la seguridad del lugar y proteger la integridad física de sus habitantes ante la embestida de los grupos de choque.
En los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública municipal y estatal no ha reconocido ni acatado la extensión de las medidas cautelares expedidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el 16 de mayo del 2006, que advierte a esa dependencia sobre la necesidad de que se garantice la seguridad pública de los habitantes de ese sector.
La Secretaría de la Educación Pública, a cargo hoy de Josefina Vázquez Mota, también han jugado un papel destacado en la desestabilización en la vida de esas familias.
Desde hace por lo menos un año, sobre la cabeza de los vecinos pende la amenaza de que esa dependencia ordene la reubicación de la escuela primaria Alfredo Nava Sahugún y de la escuela preescolar Santa Teresa, construidas en Lomas del Poleo, desde hace más de 25 años, con dinero y trabajo aportado por sus habitantes.
A pesar de que existe un acuerdo suspensorio, dictado por el Tribunal Unitario Agrario del Quinto de Distrito, el 7 de noviembre de 2006, referente a que el predio de Granjas Lomas del Peleo “no debe sufrir ninguna alteración en ninguna de sus partes mientras no se resuelva a fondo el litigio”, la Secretaría de Educación Pública, a través de una de sus supervisiones locales, informó, en septiembre pasado, a los maestros de la primaria y la preescolar de la inminente reubicación de esos inmuebles.
La Arquidiócesis de Ciudad Juárez, encabezada por el obispo Renato Asencio León, es otra institución que indirectamente, con su silencio cómplice, ha estado a un lado de los intereses de los hermanos Zaragoza. Guillermo Mortón, párroco del templo en Lomas del Poleo tuvo que abandonar el país, el año pasado, después de haber sido amenazado con la expulsión legal de Ciudad Juárez y de enfrentar en su contra una serie de denuncias carentes de sustento legal, alentadas por el abogado Humberto Chacón Rojo, representante legal de los Zaragoza.
A pesar de que a que el obispo Renato Asencio León supo siempre del trabajo comunitario de Morton en Granjas Lomas del Poleo y del cariño que siempre le profesó su feligresía por su inquebrantable compromiso social con los más desposeídos, la Arquidiócesis hizo mutis y decidió no meter las manos al fuego por su pastor.
Desde el principio del conflicto, Guillermo Mortón se puso al lado de la lucha los colonos, pero siempre su labor estuvo encaminada a evitar la confrontación.
Su convicción de que la lucha de los colonos de Lomas del Poleo era justa lo llevo inclusive a declarar como testigo en un juicio de ampara en contra de los Zaragoza.
De ahí se agarró Chacón Rojo para iniciar una campaña de intimidación en contra del cura que llevó finalmente a éste decidir abandonar el país. Antes, Carlos Morales director de Asentamientos Humanos del municipio, propuso a Hesiquio Trevizo, vocero de la Arquidiócesis detener el embate contra Mortón, y retirar todas las denuncias y amenazas, incluso la referente a la expulsión legal del país del sacerdote por parte de la Secretaría de Gobernación, siempre y cuando el párroco aceptara la inmediata reubicación del templo a terrenos que los Zaragoza y el Ayuntamiento ofrecían a los Colonos.
Morton, fiel a sus principios y a su compromiso moral con los colonos, no aceptó el ofrecimiento vergonzoso.
La batalla por la ley
“Los juicios en este país los gana el que más resiste”, advierte Refugio Tagle uno de los colonos que ha podido ganar ya un juicio de prescripción en contra de los hermanos Zaragoza.
Así como él, varios de sus compañeros que tienen interpuestos por lo menos 62 juicios en el tribunal Agrario del Estado, más un juicio colectivo, están dispuestos a no rendirse hasta que se les haga justicia porque “la razón legal está de nuestra parte”, advierten.
Los terrenos sobre los que se asienta la colonia Granjas Lomas del Poleo representan un total de 345 hectáreas, ubicadas dentro de un polígono mayor que abarca una superficie de 25 mil, cuya propiedad corresponde a la nación.
En un documento que difundió el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, el miércoles 5 de septiembre de 2007, se establece que los terrenos de la colonia Granjas Lomas del Poleo “están ubicados dentro del polígono que forman las 25 mil hectáreas declaradas propiedad de la nación por la Secretaría de la Reforma Agraria según publicación del Diario Oficial de la Federación del 25 de abril de 1975”.
Esta declaratoria de la SRA está inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el número 1141, a folios 181 del libro 1036 de la sección Primera y en el Registro Nacional Agrario, bajo el número 90, de fojas 67 a la 77 del volumen Uno del libro de inscripción de declaratorias sobre terrenos nacionales.
Oscar Altamirano explica, sin embargo, que antes de expedir esa declaratoria, la Secretaría de la Reforma Agraria cometió una serie de errores imperdonables, sobre todo en lo que se refiere a la ubicación, delimitación y declaración de esas 25 mil hectáreas de terreno como propiedad de la nación, lo que derivó que en distintas fechas varios “actores, principalmente, empresarios se hayan apropiado indebidamente de esas tierras en perjuicio de los intereses de la nación y, ahora en perjuicio, de una comunidad”.
Frente a este tipo de irregularidades, Refugio Tagle, por ejemplo, uno de los tantos perjudicados, está demandado que un juez federal ordene a la Secretaría de la Reforma Agraria delimite no sólo la ubicación geográfica de esas 25 mil hectáreas, sino que vaya más allá y se ubique con exactitud el polígono original de las 64 mil hectáreas de donde se desprendió originalmente el polígono aún sin delimitar.
Altamirano explica que en años anteriores el Estado buscaba delimitar los terrenos que eran propiedad de la nación para deslindarlos de aquellos que figuraban como repartibles de acuerdo a la ley de la Secretaría de la Reforma Agraria. ( ver documental Poleo Hablando)
Después de ese proceso de deslinde, señala Altamirano, se determinó que existían en ese rumbo 64 mil 200 hectáreas que eran propiedad de la Nación, de las que una parte --35 mil Has— fueron cedidas por el propio Estado al General Lauro Carrillo, ex gobernador porfirista del Estado de Chihuahua, el 28 de diciembre de 1890.
De acuerdo a Altamirano, después de varios años de esta cesión de derechos que el Estado pacta con el General Carrillo, éste decide vender los mismos a la empresa denominada La Carbonífera, la cual, ya propietaria, se desprende de 14 mil 690 hectáreas al vender esta extensión de terreno a dos particulares Camilo Arguelles e Inocente Ocho, el 24 de abril de 1900.
Es lógico que luego de esta transacción, la Carbonífera se quedó en posesión únicamente de 20 mil 310 hectáreas, las cuales le fueron embargadas por el Ayuntamiento de Ciudad Juárez después de que esta empresa se declara incapaz de pagar sus impuestos a esa autoridad municipal.
Aquí es “donde se realiza una de las primeras grandes transas con esos terrenos”, señala Refugio Tagle, quien en tono irónico agrega que el Ayuntamiento en ese año embarga a esa empresa 42 mil hectáreas cuando ésta es propietaria únicamente de 20 mil 310. Para el colmo, dice, la empresa que compra los derechos al ayuntamiento vende después esos predios pero ahora convertidos en más de 57 mil hectáreas.
Altamirano dice en el documental de León de la Rosa que este tipo de transacciones constituyeron verdaderos actos fraudulentos en contra de la propiedad del Estado ya que después del embargo municipal a la compañía La Carbonífera existía un excedente de unas 25 mil hectáreas que evidentemente correspondían al espacio propiedad de la nación cuyo carácter es imprescriptible e inembargable.
Pese a ello, asienta, estos terrenos fueron pasando de mano en mano hasta quedar entre los que se presumen hoy sus actuales propietarios como Eloy vallina que posee entre 11 mil y 20 mil hectáreas, aledañas a la Colonia Granjas Lomas del Poleo; José Luis Boone Menchaca, empresario en el ramo de la radio y la televisión en el norte del país, con once mil 182 hectáreas y Pedro y Jorge Zaragoza presuntamente propietarios de alrededor mil hectáreas.
En el caso de las 345 hectáreas que se adjudican como suyas Pedro y Jorge Zaragoza, lo extraño es que no existía hasta hace algunos meses ningún registro legal que sustentara su alegato. En una investigación que realizaron un grupo de colonos de Lomas del Poleo, en una de las primeras etapas del juicio, encontraron que los títulos de propiedad que exhibe la familia Zaragoza sobre esos terrenos no se estaban inscritos ni en los libros del Registro Público de la Propiedad ni en los que corresponden al Registro Nacional Agrario.
Fue hasta en los últimos meses cuando los abogados de Pedro y Jorge Zaragoza inscribieron de manera extemporánea las escrituras que los supone como legítimos propietarios.
“Eso nos lleva de a deducir que la documentación con la que se pretende arrebatar a los vecinos de Lomas del Poleo de su derecho sobre esos predios es fraudulenta, por lo que es urgente que el Tribunal Superior Agrario y las distintas instancias judiciales de carácter federal y estatal que conocen las diversas causas interpuestas por los colonos resuelva de una vez por todas y dicten sentencia, señala Altamirano.
“Si la familia Zaragoza no puede acreditar legalmente como suyos los terrenos entonces ahora si los vecinos pueden pelear el derecho que les da el tiempo de estar en posesión para que la nación les venda esos predios”, argumenta el abogado de los colonos.
Si los jueces actúan con honestidad y su decisión es apegada a derecho seguramente los colonos de Lomas del Poleo obtendrán una resolución favorable. Sin embargo, esa eventualidad se empaña cada día más por la conducta indebida, por lo menos dilatoria, que han mostrado algunos funcionarios judiciales desde que esa causa está en sus manos.
Un ejemplo que evidencia lo anterior lo constituye el hecho de la tardanza con que los actuarios del tribunal agrario actuaron en la primera etapa del juicio para notificar a Jorge y Pedro Zaragoza.
La ley establece mecanismos para que una persona llamada a juicio sea notificada. Pero si los actores del proceso judicial, es decir los jueces los secretarios los actuarios no tienen la voluntad de notificar a las partes esto hace que no avance el proceso, señala Altamirano.
“En la práctica estamos ante un juicio que no avanzó como debiera porque el tercero perjudicado no fue notificado a tiempo”.
Otro de los obstáculos con los que se han enfrentado los vecinos es el hecho de que cuando el tribunal Agrario ha notificado a los afectados que la sentencia está por dictarse, el magistrado o juez encargado del caso es extrañamente relevado de su cargo y adscrito a otro tribunal.
Desde que inició el conflicto, los colonos decidieron contratar abogados por su parte y enfrentar judicialmente a Pedro y Jorge a través de por lo menos dos distintas estrategias.
Una de ellas es la de obligar legalmente a la Secretaría de la Reforma Agraria delimite geográficamente el polígono de las 64 mil hectáreas sobre el que se asientan también las 25 mil que esa dependencia reconoció como propiedad de la nación en 1975 y sobre las cuales se construyo esa colonia desde hace más de 30 años.
La otra estratagema consiste en que un juez declare la inexistencia de las escrituras presentadas por los Zaragoza debido a que no existe el objeto de la transacción, no se conoce a quien se compra, y tampoco existe la ubicación debidamente delimitada de la cosa que se compra. Este juicio va en contra del notario que validó como legitimas las escrituras de los Zaragoza.
En el caso que esta familia haya pagado a algún particular los terrenos que reclama como suyos, lo cierto es que no quieren aceptar que fueron engañados y que pudieron en un momento dado haber adquirido tierras intransferibles entre particulares debido a que son propiedad de la nación, señala Cecilia Espinoza, una de las asesoras de los colonos en el tema de la defensa y la promoción de los derechos humanos.
Desde hace cuatro años, por lo menos, los vecinos al frente de esta batalla legal se han dedicado a buscar y reunir documentos con validez jurídica que hasta ahora les dan la razón. Sin embargo, saben que eso no es suficiente. Que hay que seguir luchando para vencer cualquier truco legal que aparezca en el camino.
Después de acercarse a la atribulada vida de esta colonia y conocer los reclamos de justicia por parte de sus habitantes, es imposible esquivar la lógica implacable de un hecho que deriva en pregunta medular: ¿porqué si los hermanos Pedro y Jorge Zaragoza están convencidos que les asiste la razón y el derecho, porqué han optado por el camino de la fuerza y la ilegalidad? |