por Humberto Decarli

La muerte del general Augusto Pinochet se ha encargado de dar un mentís al esquema político reinante en Chile, impuesto por él en el plano del poder y los Chicago Boys en el económico, ulteriormente transado por los países capitalistas desarrollados con su sacrificio dada la inutilidad de sus métodos. En efecto, en el contexto de la guerra fría fue necesaria la existencia de estos militares prusianos en América Latina. No importaba que violaran los derechos humanos, asesinaran, desaparecieran y torturaran personas. Lo relevante era que garantizaran los intereses de occidente frente al bloque soviético. Cuando en 1989 se produjo la caída del Muro de Berlín y el colapso de la cortina de hierro, era indispensable un cambio de los modelos políticos para aplicar la globalización y los regímenes de fuerza fueron desestimados. El general austral fue retirado de la lista de acólitos y obligado a negociar una transición hacia el cartabón representativo a través del plebiscito que perdió y además, fue detenido en Londres por una orden del juez Baltazar Garzón. Fue la señal de su prescindencia. Uno de los mitos generalizados en el mundo es la presunta bondad del modelo económico y político chileno. Se glorifica su combate a la pobreza, la diversificación de las exportaciones y la estabilidad económica, como emblemas de tal aseveración. Sin embargo la realidad indica otra cosa. La distribución de la riqueza en la patria de Neruda es de la más injusta como lo evidencia el Coeficiente de Gini en el orbe y en América Latina, solamente superado en la región por Brasil y México. Sigue siendo un país cuyas mayores divisas provienen de una materia prima como el cobre, lo cual delata la carencia de inserción en la era de la información del planeta. Igualmente se pontifica acerca del sistema político como democracia. Si bien es cierto que hay elecciones cada cierto tiempo, las democracias electorales de las cuales habla el último informe del PNUD, no hay expresiones democráticas en su desempeño. Para muestra basta un botón: el caso del general Augusto Pinochet, quien además de haber promovido y ordenado las transgresiones a los derechos humanos tuvo garantizada su impunidad en el marco del poder judicial araucano. El colmo de su deceso es haber sido expuesto en capilla ardiente con honores militares como una forma de conmemorar sus homicidios y latrocinios. Pero simultáneamente este hecho demuestra la patética situación existente allá. El Estado es cómplice de los horrendos delitos cometidos por el alto oficial cuya máxima hazaña es el genocidio cometido luego del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 así como de la aciaga Operación Cóndor en la zona. Con el fallecimiento de este personaje se desnuda la cruda realidad de Santiago. Los uniformados constituyen una élite de privilegiados no importa cuál régimen esté en ejercicio. Asimismo, el poder judicial demuestra algo habitual en el continente, la impunidad. Por tales razones el ex-ministro de la defensa de Salvador Allende se fue a la tumba sin ninguna sanción por sus hechos punibles. Son los efluvios de una democracia de utilería como todas las existentes desde el sur del Río Grande hasta la Patagonia.

HUMBERTO DECARLI R. hachede@cantv.net