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Cómo
combatir el crimen en América Latina |
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Toda una autoridad en la, materia Bernardo
Kliksberg nos explica con claridad magistral lo que hay qué hacer para
erradicar el crimen en nuestros países. El camino es exactamente opuesto al
uso intensivo y permanente del ejército y las policias, tal y como muchos
gobernantes lo conciben. Chobojo
Master |
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Por Bernardo Kliksberg (para Safe Democracy) Bernardo Kliksberg es uno de los mayores expertos mundiales en lucha
contra la pobreza y dirige desde Washington la Iniciativa Interamericana de
Capital Social, Ética y Desarrollo patrocinada por el BID. Es asesor especial
de Naciones Unidas, UNESCO, UNICEF, PNUD y otros organismos internacionales,
y autor de 40 libros, el más reciente el best seller "Más ética, más
desarrollo" (publicado en España por el INAP), además de centenares de
artículos técnicos activamente utilizados internacionalmentede. Ha asesorado
a más de 30 países en alta gestión, incluyendo a diversos presidentes y a
numerosas organizaciones públicas de la sociedad civil y empresariales. LOS
LATINOAMERICANOS QUIEREN una respuesta a la inseguridad ciudadana. Y con toda razón. La tasa de
criminalidad ha ascendido un 40 por ciento en la última década. El número de
homicidios es de 40 cada 100.000 habitantes de población por año. Es la
segunda región con más criminalidad del planeta. Buena parte de la población
tiene ya la experiencia de haber sido objeto de algún delito. Existe un acuerdo colectivo en que se debe combatir la delincuencia.
Pero… ¿cómo se hace? UNA PROBLEMÁTICA
COMPLEJA El tema es de gran complejidad. El enfoque que ha prevalecido en
amplios sectores de la sociedad hasta ahora se ha orientado a exigir a las
autoridades hacer más de lo mismo. Eso significa, entre otros
aspectos, tratar de reforzar y ampliar el sistema policial, dar mayor
discrecionalidad a la policía, penar las formas más primarias de delito,
aumentar las penas, bajar la edad de imputabilidad para poder meter presos a
los niños y adolescentes, y hay quienes reclaman poder encarcelar a los
padres de los niños delincuentes. Las iglesias, las organizaciones de derechos humanos, asociaciones de
juristas, han reclamado que muchas de estas medidas violan la legislación
internacional, los tratados mundiales firmados, y en definitiva normas éticas
básicas, como el mensaje bíblico de que se deben hacer todos los esfuerzos
por recuperar a los que se salen del camino. RESPUESTAS
CONTRAPRODUCENTES Pero hay otra pregunta adicional. El enfoque puramente represivo
ha demostrado ser muy ineficiente. En Centroamérica algunos líderes políticos
resolvieron aplicarlo a fondo en los últimos años frente al crecimiento de
las maras, peligrosos grupos de jóvenes delincuentes. Esa estrategia
gana votos a corto plazo ante la legítima desesperación ciudadana, pero,
¿responde al interés colectivo? No parece. El número de miembros de las maras sigue creciendo. Se
estima en 100 mil individuos en Honduras, otros 100 mil en Guatemala, cifras
aún mayores en El Salvador. En este último país se aplicó en los últimos años
la mano dura, y ante sus limitados resultados la súper mano dura.
Se llegó a poner fuera de la ley en varios países a los jóvenes que tuvieran
tatuajes, porque las maras los utilizan. Nada de todo ello logró hacer bajar
las tasas delincuenciales. Lo más probable es que quienes han creído que este
era el camino más adecuando tengan que responder ante sociedades cada vez más
preocupadas por el fenómeno. LA MANO DURA QUE
GENERA MÁS VIOLENCIA Veinte prominentes organizaciones sociales de la sociedad civil han
dicho recientemente: los planes de mano dura y las leyes antimaras violan
normas de las constituciones, la Convención de los Derechos del Niño, y
Tratados internacionales... y son ineficaces. No han reducido los índices de
violencia y de criminalidad, por el contrario generan más violencia… Brasil, con cifras graves de delito, subió progresivamente el gasto en seguridad
pública y privada. En 2001 representaba el 10,3 por ciento del Producto Bruto
--según estudios del BID--, el equivalente al Producto Bruto anual de Chile.
Brasil gasta un Chile completo anual en represión. Sin embargo, esa
estrategia no mejoró la situación del país. En México, el gasto en seguridad
pública subió en 3.000 millones de dólares entre 2000 y 2004. A pesar de
ello, el delito siguió creciendo. RENOVAR LA LÓGICA
DEL DEBATE Parece haber llegado la hora de renovar la lógica del debate. Dejar de
analizar este tema como una cuestión sólo policial, en donde la discusión es
qué nuevo tipo de endurecimiento se adopta. Eso no va más. No está generando buenos resultados. El único efecto
práctico es que aumenta aceleradamente la población de jóvenes en las
cárceles. Como son a su vez verdaderos infiernos, se convierten en una
incubadora de nuevos crímenes. Louis Wacquant señala en su agudo libro Las cárceles de la miseria
que no hay correlación estadística entre aumentar el número de presos jóvenes
y la reducción del delito a mediano y largo plazo. No afecta sus causas
estructurales. Pero existe otro camino. Algunas de las ciudades con mejores resultados
del mundo lo están aplicando. Por un lado hay que distinguir diversos tipos
de criminalidad. La sociedad tiene que defenderse vigorosamente frente al
crimen organizado, los grupos de narcotráfico, las bandas del secuestro y las
mafias. Todo el peso de la ley sobre ellos. Pero hay una inmensa criminalidad
de jóvenes que se inician con delitos menores, o ingiriendo drogas, y después
pueden ir mucho más lejos. Hay que preguntarles: ¿por qué lo hacen? LA DESOCUPACIÓN
JUVENIL Hay extensa investigación al respecto, de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS), UNESCO, UNICEF, y muchas otras fuentes. Por lo menos tres
grandes causas inciden. En primer lugar, la desocupación juvenil. Excede el 20 por ciento en
todas las grandes ciudades de América Latina. Hay un ejército gigantesco de
millones de jóvenes que han debido desertar del sistema educativo, por
pobreza, y están fuera del mercado de trabajo. El 25 por ciento de los jóvenes latinoamericanos está en esa situación.
Están fuera de todo, desesperados, son vulnerables y carne de cañón para el
crimen organizado. LA
DESARTICULACIÓN DE LA FAMILIA En segundo lugar,
la desarticulación de la familia. Los estudios son concluyentes. Si la
familia funciona bien y entrega los códigos éticos, es ejemplo de conducta
cotidiana, y tutorea a los jóvenes desde el amor, previniendo la
criminalidad. Nadie más puede hacerlo así. En efecto, en diversos países
(como Estados Unidos y Uruguay) los estudios muestran que dos tercios de los
delincuentes jóvenes vienen de familias desarticuladas. La tercera causa es la baja educación. Sobre 40.000 presos en las
cárceles argentinas, sólo el 5 por ciento había terminado la secundaria o la
Universidad (según cifras del Ministerio de Educación argentino de 2004). Es necesario enfrentar el crimen organizado. Pero al mismo tiempo, hay
que romper con el enfoque únicamente policial de un asunto muy grave. ESTADOS UNIDOS
SIGUE OTRO CAMINO Mientras que muchos en América Latina intentan convencer a la opinión
pública de la necesidad de una mano más dura --e invocan a supuestas
experiencias estadounidenses-- lo cierto es que en Estados Unidos se están
dando fuertes tendencias inversas. El aumento de la población carcelaria y de
las sentencias ha llevado a una inflación fenomenal del gasto en prisiones y
juzgados (un 154 por ciento en los últimos 20 años). En 2001, los distintos Estados del país gastaban tanto en ese rubro
como todo lo que gastaba en salud pública y hospitales. Según indica el New
York Times, ante los escasos resultados de este enfoque y asustados por
la tendencia de la sangría, más de la mitad de los Estados han tomado medidas
legislativas para modificar las leyes duras que aprobaron en los noventa.
En el campo de la drogadicción hay en Estados Unidos una presión creciente
por suplantar prisión por tratamientos. CAUSAS PROFUNDAS El 73 por ciento de los ciudadanos de Maryland, por ejemplo, uno de los
estados que cambió su legislación en tal sentido, consideran que el
tratamiento es un camino mejor que la prisión para parar el uso de la droga.
Se estima que cada dólar gastado en rehabilitación de drogadictos genera 8 dólares
de beneficios, por su incidencia en el descenso de la criminalidad y el
aumento de la productividad. Para reducir la criminalidad en América Latina hay que actuar sobre las
causas profundas. Es necesario crear empleo para jóvenes a gran escala. Una gran
alianza entre política pública y empresa privada al respecto puede aportar
mucho. Al mismo tiempo, hay que proteger la familia, en serio, con medidas de
fondo. INVERTIR EN
EDUCACIÓN Por otra parte, la opinión pública debe respaldar vigorosamente el aumento
de la inversión en educación. La decisión de llevarla al 6 por ciento del
Producto Bruto para 2010 es una de las mejores inversiones que puede hacer
una sociedad para enfrentar de verdad el problema de la delincuencia. UNICEF concluye sobre las maras centroamericanas que el tema no
puede ser visto sólo como un problema de seguridad. En la misma dirección, el presidente argentino Néstor Kirchner ha
advertido estos días --en un país alarmado por el problema de la
inseguridad-- que la seguridad no se construye con un palo en la mano. CAMBIAR EL DISCO
DURO La seguridad es un camino a construir colectivamente en una región que
ha visto crecer a niveles inéditos el desempleo y la exclusión social en los
años noventa, y generó tasas de desempleo y pobreza juvenil récord (en
diciembre de 2002, el 75 por ciento de los jóvenes argentinos menores de 18
años eran pobres). Por esta razón, hay que mejorar los instrumentos de lucha contra el
crimen organizado, como la policía y la justicia. Pero según la encuesta Latinobarómetro
http://www.latinobarometro.org
, dos tercios de los latinoamericanos desconfían de la policía y en muchos
casos la ven como parte del problema. No podrá haber más dilaciones, ni vueltas: hay que abrir oportunidades
a los jóvenes, fortalecer la familia --que es la mayor unidad preventora del
delito con la que cuenta la sociedad-- y brindar educación a todos. Para empezar, hay que cambiar el disco duro mental sobre la
criminalidad, y mejorar la calidad del debate. |