El mundo ya sabe que en los últimos 10 años, en Ciudad Juárez, en el Estado mexicano de Chihuahua, han muerto asesinadas unas 400 mujeres. Hasta hace unos años, en el organigrama del narcotráfico, Juárez era un punto de tránsito de los cargamentos de droga que se dirigían a Estados Unidos. Los señores del poder en connivencia con forajidos de turno y políticos, convirtieron a la ciudad en una de las plazas más importantes del crimen organizado de México y de América Latina. En la actualidad, además, ostenta el segundo lugar del país en el consumo de cocaína y heroína. El afamado y temido Cártel de Juárez, junto a otros, se disputa la ciudad y las rutas de tránsito de la droga. El narcomenudeo (venta en pequeña escala) le ha usurpado una parte del negocio al tráfico. Entre las postales cotidianas ves cómo, por precios irrisorios, en silencio asesinan varias generaciones de jóvenes: niños y adolescentes deambulan en calles aledañas al centro o de colonias marginadas; por dos dólares, a las 10 u 11 de la mañana desayunan jeringas de heroína que les venden escondidas en latas de gaseosa. Las cifras censuradas hablan de 1000, 1200 picaderos (lugares donde se expende la droga).Según datos extraoficiales de la policía municipal, 600 pandillas pululan en la ciudad; 80 o 90 son violentas y en algunas sus integrantes roban, violan y matan mujeres, venden drogas; alimentan su poder temporal con trifulcas, peleas y asesinato de los adversarios de otras pandillas. Las más adaptadas a las leyes antropofágicas dan apoyo logístico a lugartenientes de grandes cargamentos de contrabando o de drogas, encubren el reclutamiento de sicarios ‘estrellas’ que ofician como guardaespaldas o asistentes personales de narcotraficantes y empresarios. La guerra de narcos provoca balaceras en lugares públicos y a plena luz del día, ejecuciones por doquier, secuestros, vendettas y desapariciones de implicados en la mafia. ‘El ajuste de cuentas’ se cobra siempre con una venganza. Y la venganza se aquieta con una venganza mayor. Los códigos rígidos de la barbarie se repiten una y otra vez. Los rituales sangrientos que tienen como únicos protagonistas a varones se perfeccionan y sofistican. Ellos ofrecen a la sociedad el espectáculo patriarcal con un gran despliegue de fuerzas, de energía letal, de sadismo autoreconfortante. Se impone la normativa de la virilidad irracional y hueca: “A ver quién es más macho”. “A ver quién es el más ‘chingón’, el más cabrón”. La guerra de ellos es contra la vida. La nuestra es sobrevivir a sus guerras. Nos matan con distintos catálogos de la barbarie. Y aunque en Ciudad Juárez se dan casi todo tipo de prácticas femicidas, toleradas, amparadas y protegidas por el estado mexicano, la urbe fronteriza ha asimilado el catálogo más atroz: el modelo del holocausto, que aniquila a mujeres de ciertas características, operado con un funcionamiento similar al de los campos de exterminio. Y no importa el número de asesinadas y desaparecidas, reducir esas mujeres a un número es cosificarlas doblemente. Importa la maquinaria concentracionaria que funciona de manera sigilosa, premeditada, organizada dentro de una pirámide cuya cúspide es hermética y eficaz. En la cima, empresarios y narcotraficantes, con el apoyo de sicarios o asesinos en serie, celebran rituales de placer en los que sellan pactos de fraternidad a través de orgías sexuales, gestadas desde el secuestro y el cautiverio de jóvenes mujeres, que luego violan, torturan, mutilan y asesinan.

Según datos oficiales, Ciudad Juárez tiene un millón y poco más de habitantes, de los cuales el 75 por ciento son menores de 35 años. No es este un dato menor, considerando que la mayoría de las mujeres y niñas asesinadas tenían entre 13 y 30 años. A este alto porcentaje de jóvenes se une otro factor determinante, cual es que la fuente principal de trabajo en Ciudad Juárez son las maquiladoras o plantas de ensamblaje de piezas electrónicas y de costura, pertenecientes a empresas transnacionales, especialmente norteamericanas, que buscan mano de obra barata en la zona fronteriza mexicana.En un principio, las víctimas eran obreras de las maquiladoras estadounidenses que se establecieron en la frontera, incluso, muchas trabajadoras llegaron a declarar que posiblemente los dueños de éstas estaban involucrados. Las mujeres asesinadas en el último decenio eran casi todas obreras en estas plantas: de origen popular o indígena, sin mayor educación. Tras meses de investigaciones, AI determinó que han sido asesinadas unas 370 mujeres, cien más que las reconocidas por las autoridades, pero en sintonía con las cifras entregadas por los familiares de las víctimas y las organizaciones civiles que las apoyan. Khan señaló además que sobre el número de desaparecidas tampoco hay coincidencia, pues mientras las autoridades reconocen unas 70, las ONG's extienden la cifra hasta cerca de 400.La cantidad exacta aún es un misterio debido a la aparente falta de voluntad investigativa por parte de las autoridades mexicanas.

Además, hay otros 75 cuerpos que no han sido identificados. Khan detalló que el 70 por ciento de las jóvenes fueron estranguladas, la mayoría tenía menos de 20 años (hay incluso una niña de 11) y eran estudiantes o maquiladoras (operarias de ensamblaje). "Al menos 137 fueron víctimas de agresión sexual antes de morir", aseguró. Los cadáveres han aparecido ocultos entre escombros o abandonados en zonas desérticas de los alrededores de la ciudad. Sea cual sea el número exacto, en el desierto nadie las escuchó gritar, algunas antes de morir fueron violadas y torturadas, en vida les arrancaron los pechos a mordidas. Algunas presentaban cortes en pechos, labios o marcas parecidas a una X en sus brazos, caras o espalda. Otras tenían la cara destrozada, descuartizadas, quemadas y se supone que todas sin excepción fallecieron aterrorizadas. Los rumores de negocios siniestros como la venta de órganos vitales de las víctimas, no pueden ser tampoco descartados. Muchas de las niñas fueron quemadas después de asesinadas, otras aparecieron en estanques con ácidos y sólo se recuperó parte de sus cuerpos, después de semanas o meses enterradas. Debido a que junto a algunos cadáveres se han encontrado objetos rituales y restos de instrumentos de los que comúnmente se utilizan en ceremonias satánicas, varias personas especulan que son la causa de un número específico de asesinatos.

Unas cuantas tenían cortado un triángulo en sus órganos genitales, lo que hace pensar en ritos satánicos (en oriente el triángulo es símbolo de la ultra derecha)" Incluso un dato nuevo del informe del Instituto Chihuahuense de la Mujer es que establece periodicidad en los crímenes sexuales ya que se efectuaron con nueve meses de diferencia, la mayoría han ocurrido en febrero y marzo y posteriormente en noviembre y diciembre.Según las prácticas satánicas las fiestas satánicas se celebran en ocho distintas fechas, aunque la más alta es la fiesta de Samhain o Halloween del 31 de octubre en que se celebra el año nuevo satánico. Luego sigue la fiesta del 21 de diciembre o la fiesta de Yule, el 22 de febrero se celebra la fiesta de Candlemas o festival de Luces.

Las investigaciones médicas no han sido lo suficientemente acuciosas como para determinar si a esos cuerpos les falta un órgano vital y que su muerte, incluso su violación, podría haber servido para camuflar el verdadero motivo del crimen. Muchas familias mexicanas han recibido restos, supuestamente de sus hijas, sin identificar. Todavía quedan otras especulaciones, tan brutales como la del tráfico de órganos vitales. Hay quien sugiere que existe una banda que podría estar utilizando a ciudad Juárez como base para producir películas pornográficas, mejor conocidas como hard core porno que consisten en una violación que termina con el asesinato de la víctima. Estas cintas tienen gran demanda en Europa, donde se venden en miles de dólares. Pueden ser adquiridas vía Internet o en el marcado negro. En esta vertiente se investiga la participación de redes de pornografía. Es el caso de las llamadas "snuff movies" o filmaciones de asesinatos reales. Nada impide pensar que algunas o muchas de estas mujeres hayan muerto entre una cámara de video, en las cercanías de Ciudad Juárez, y que ahora esas escenas sirvan para sacudir la libido moribunda de algún señor o señora en alguna alcoba anónima. La Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO, de la Procuraduría General de la República, está verificando películas pornográficas, donde aparecen mujeres similares a las víctimas. Hasta el momento la búsqueda no ha arrojado resultados y aunque es una línea de investigación poco sólida, no se descarta.En estos últimos 10 años, la justicia juarenze ha detenido a varios sospechosos, cada cual más pintoresco que el anterior, desde el primer "asesino en serie" Abdel Latif Sharif, que fue finalmente condenado por un sólo crimen en 1999, hasta la banda juvenil "Los Rebeldes" y el grupo de "Los choferes" (conductores de autobuses que trasladaban maquiladoras a sus puestos de trabajo). Todos estos detenidos han alegado que sus confesiones, cuando las hubo, se debieron a torturas policiales, y lo cierto es que mientras ellos estaban en la cárcel, los asesinatos seguían adelante.

Mientras tanto, en el aquí y ahora esas madres esperan una contención afectiva y psicosomática por parte de un sector mayoritario de los juarenses y no sólo de grupos vinculados a los derechos humanos. No quieren migajas de lástima...Desean que la comunidad y las autoridades les den un trato respetuoso, añoran movilizaciones multitudinarias exigiendo justicia, pensiones económicas que les alcance para llegar a fin de mes y que les facilite la lucha por encontrar a los asesinos. Los juarenses no han comprendido aún que esas muertas, esas desaparecidas, son sus muertas, sus desaparecidas El horror se palpita en cruces rosas, levantadas donde fueron hallados los cuerpos de algunas víctimas; en fotografías de niñas y jovencitas pegadas sobre los postes de luz de las calles, con la leyenda: “Se busca”; en el dolor de los rostros y las miradas de esas madres, que no entienden la atrocidad desplegada sobre los cuerpos de sus hijas y la consecuente complicidad del poder; en la tristeza infinita de los familiares de las desaparecidas, condenados a no hacer el duelo mientras no se materialice el cuerpo de su ser querido; en la “existencia provisional”, eso que el psiquiatra Víctor Frankl (El hombre en busca de sentido, Herder , 2001) entendía como “pérdida del dominio de la vida dentro del campo”, que reduce la cotidianeidad de miles de mujeres a sentirse presas potenciales de un secuestro, una violación o un asesinato.En Juárez, el mundo está hecho a imagen y semejanza no de dios sino de una versión omnipotente y sobredimensionada de aquellos varones que se erigen a sí mismos dioses sobre la tierra. ¿O acaso los señores no se sienten todopoderosos en su territorio cuando, en noviembre de 2001, ordenan arrojar ocho cuerpos de mujeres en un campo algodonero ubicado frente a las instalaciones de la Asociación de Maquiladoras de Ciudad Juárez? Su religión los preteje de los males que fabrican. Ellos secuestran, violan y matan a esas niñas y luego van a misa y hacen donativos de caridad porque de todas maneras creen, como sostiene uno de los personajes de la última película de Almodóvar La mala educación que “dios está de nuestro lado”. “No nos dejen solas”, reclamaban. Pedían un acto amoroso. No cuantificable. Y sin embargo, el estado y la sociedad juarense las dejaron solas.

Desde enero de 1993, en Ciudad Juárez han sido asesinadas más de 400 mujeres, que en 137 casos presentaron torturas y violencia sexual, según una reciente actualización de un informe de Amnistía Internacional sobre el tema. En su gran mayoría las víctimas han sido jovencitas cuyos cuerpos desnudos son abandonados en las orillas de la ciudad. En este año la ONU denunció la pasividad de las autoridades mexicanas en este asunto. Un informe confidencial redactado por una comisión de Naciones Unidas lanzó en abril pasado la hipótesis de la complicidad entre autoridades locales y redes criminales de tráfico de drogas, trata de blancas o pornografía. Debido a la falta de información seria, han surgido todo tipo de hipótesis sobre la causa de las muertes: crímenes pasionales, homicidas seriales, narcosatánicos, pornografía snuff, tráfico de órganos o de indocumentados. Por el momento, no se ha confirmado cuál es el móvil de los asesinatos, o si han sido cometidos todos por los mismos autores pero los homicidios y desapariciones continúan. La tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales siguen siendo generalizadas en México, a pesar de las numerosas reformas legales e institucionales aducidas por los sucesivos gobiernos mexicanos como prueba de su compromiso con la protección de los derechos humanos. De hecho, se han producido reformas, pero éstas no han logrado disminuir, mucho menos resolver, estos problemas graves y aparentemente crónicos. Esto se debe en parte a que las autoridades no se han mostrado dispuestas a garantizar la aplicación enérgica de las leyes vigentes relacionadas con los derechos humanos; las autoridades tienen tendencia a cerrar filas y desmentir incluso la existencia de abusos bien documentados, en lugar de insistir en que se imparta justicia a los responsables.

Sin embargo, el problema va mucho más allá de la tolerancia oficial de los abusos y la impunidad. Las violaciones de los derechos humanos se derivan también de la protección ineficaz de las garantías individuales dentro del sistema de procuración e impartición de justicia, y del tratamiento poco estricto de estos abusos. Haciendo gala de una ignorancia consciente de los abusos o de una fabricación premeditada de pruebas, agentes del Ministerio Público procesan habitualmente a las víctimas utilizando pruebas obtenidas mediante la violación de sus derechos humanos y los jueces se valen de leyes y precedentes legales permisivos para condenarlos ignorando estos abusos. Frente a esta realidad profundamente inquietante, el Gobierno mexicano ha optado por tratar los problemas de derechos humanos como un asunto que debe ser manejado políticamente; combatido invocando estadísticas superficiales o enfrentado con reformas o iniciativas insuficientes.En este informe, basado en una investigación realizada durante más de dos años, se documentan casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en cinco estados mexicanos. Se examinan los abusos violentos cometidos por policías o soldados y las acciones que después tomaron las autoridades políticas, los agentes del Ministerio Público y los jueces. Los casos permiten un análisis de tres fases interconectadas en los casos de violaciones de los derechos humanos:

1) las violaciones de las garantías individuales antes del abuso violento, entre ellas el arresto ilegal o la detención excediendo los límites establecidos por la ley;a
2) las consiguientes violaciones violentas de los derechos humanos, como la tortura o la desaparición forzada; y
3) la forma en que los agentes del Ministerio Público y los jueces trataron los casos, lo que incluye el empleo de confesiones obtenidas tras una detención injustificada o prolongada o por medio de la tortura, además del empleo por parte de los jueces de precedentes legales que les permitan no cuestionar dichas pruebas.
El Gobierno mexicano no ha estrusistema de procuración e impartición de justicia para que la finalidad de la investigación de delitos y de la sanción a delincuentes esté enconsonancia con los objetivos de la protección de los derechos humanos y la promoción del Estado de derecho—independientemente de que la víctima sea un sospechoso de robo, un narcotraficante acusado o un presunto guerrillero de izquierdas.

"Amnistía Internacional prepara el lanzamiento de su campaña mundial para combatir la violencia contra las mujeres planteando la cuestión en la Reunión del Consejo Internacional de la organización, que se celebra cada dos años (esta vez en México, en agosto de 2003). Se ha desplegado una gigantesca pancarta con las huellas de las manos de los delegados, junto con un cartel en el que se exige justicia para los cientos de mujeres asesinadas en las ciudades mexicanas de Ciudad Juárez y Chihuahua."