Jueves 12 de Agosto de 1999

SEÑOR Director: Los abajo firmantes, personal del plantel Siete de la Escuela Nacional Preparatoria, nos adherimos a las propuestas de los profesores eméritos de la UNAM, publicadas en diversos periódicos.

Consideramos que personas como Alfredo López Austin, Adolfo Sánchez Vázquez, Luis Villoro, Manuel Peimbert y demás maestros no podrían ser simples instrumentos de nadie, con el designio, sin más, de romper la huelga estudiantil. Y estamos convencidos de que a partir de sus propuestas se puede restablecer el diálogo con el Consejo General de Huelga, con prontos resultados positivos. Ojalá ellos mismos accedieran a conformar una nueva Comisión de Encuentro, sin perder las atribuciones que en su escrito mencionan.

Sólo deseamos hacer dos sugerencias que esperamos puedan utilizarse para resolver el conflicto.

1. Como al levantarse la huelga dejaría de existir el CGH, en cuanto tal, entonces un sector interesado, dispuesto y competente de la UNAM tendría que asumir como propias sus peticiones, independientemente de los espacios y análisis que se abrieran. Este sector tendría que ser la Rectoría -¿quién más?- que durante la huelga fue su interlocutor indirecto y cuyas acciones condujeron al paro; en la inteligencia de que asumirlas no le comprometería a nada más, pues finalmente sería el Consejo Universitario el que les otorgaría o no obligatoriedad. La Rectoría así, con buena voluntad, se fusionaría no con el CGH, ya existente, pero sí adoptaría formalmente sus peticiones, para sellar el conflicto, convalidándolas, y dándoles su aquiescencia, sin otro compromiso.

2. En el punto tres, los eméritos dan por sentado que el Consejo Universitario, sin ser consultado aún, adoptará ciertas acciones (dice "decretará", "nombrará", para luego añadir, con plena certidumbre, un plazo que en otras circunstancias estaría a discusión); lo que nos mueve para pedirles atentamente que así como interponen sus buenos oficios y tienen respetuosos e inequívocos acercamientos al Consejo Universitario, también los tengan con la Rectoría, para que ésta se sirva aceptar el punto uno de este escrito (si se aceptan nuestras sugerencias). A fin de cuentas, el Consejo Universitario actuaría de motu propio, y en todo caso sólo movido por los intereses o acuerdos de quienes representa, es decir, de la comunidad universitaria entera. De este modo, nadie quedaría fuera de la legalidad institucional.

Atentamente,

José Manuel Fernández Figueroa
(y 47 firmas más)