La advertencia de las autoridades universitarias de que "entre el 2 y el 9 de julio concluye el ciclo escolar, violenta los acuerdos tomados en el Consejo Universitario el 7 de junio, el contrato colectivo de trabajo, así como los acuerdos de las AAPAUNAM con fecha 24 de mayo", manifestaron las asambleas permanentes de académicos de los cinco planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), luego de informar que cerca de 50 mil calificaciones no quedarán asentadas en actas en tanto no se regrese a la normalidad.

El semestre no puede concluirse en las actividades extramuros, ya que "carece de fundamento legal y contraviene el acuerdo con la Asociaciones Autónomas del Personal Académico (AAPAUNAM)" del 24 de mayo, que establece que "las autoridades universitarias podrán convocar a los maestros a clases o actividades académicas extramuros, sin que esto sea obligatorio o forzoso para el personal académico".

En conferencia de prensa, Mario Rojas, del CCH-Naucalpan; José Tito Pérez, del CCH-Oriente; Manuel Horacio García y Rosa María Villavicencio, del CCH Sur; Ana Lilia Garrido, del CCH-Azcapotzalco, entre otros profesores, manifestaron que a las autoridades universitarias no les importa transgredir la legalidad de la institución, con tal de realizar una campaña de desprestigio "como una estrategia política para debilitar al movimiento estudiantil".

Incluso, acusaron que, además de las amenazas contra los profesores que no fueron a las actividades extramuros, existen casos de alumnos "a los que se les ha dictado las respuestas de los exámenes, a cambio de su nombre, número de cuenta o la firma de un documento que apoye al rector".

Por lo anterior, exigieron, "con fundamento en la legislación universitaria y el Contrato Colectivo de Trabajo, el respeto irrestricto a nuestros derechos y obligaciones, con el propósito de garantizar la calidad académica de los estudiantes del CCH y que, una vez recobrada la normalidad, se ajuste el calendario escolar".

A su vez, informaron que más de 300 profesores que integran las asambleas permanentes, y que cubren en promedio mil 200 grupos, con alrededor de 40 alumnos cada uno de ellos, "no entregarán calificaciones". En consecuencia, 50 mil evaluaciones no quedarán asentadas en tanto no se regrese a la normalidad. Y agregaron que cerca de 80 por ciento de los estudiantes en los cinco planteles del CCH no tiene alguna calificación, y "hay un porcentaje mínimo de estudiantes que sí tienen".

También, enfatizaron que cuando estalló la huelga se tenía cubierto 65 por ciento de las actividades académicas y el Estatuto General de la UNAM establece que el profesor debe cubrir 85 por ciento de clases para concluir un semestre, situación que expone la "ilegitimidad" con la que se ha evaluado porque, además, en las clases extramuros "no se cubre ni 10 por ciento de lo que falta".

Por otra parte, el Colegio de Profesores del plantel Vallejo demandó al presidente Zedillo que "respete a la UNAM y a la ciudadanía en general, deteniendo sus agresivas declaraciones contra el movimiento estudiantil", ya que enrarecen el proceso de diálogo, pues "pueden interpretarse como una convocatoria al linchamiento o una orden de represión".

El Consejo General de Representantes (CGR) del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) acordó lanzar una convocatoria a fin de que sus trabajadores realicen guardias para custodiar las instalaciones de la máxima casa de estudios.

También resolvió enviar un comunicado a las autoridades universitarias para que, en los términos del contrato colectivo de trabajo, "se solicite al sindicato las guardias correspondientes al periodo vacacional".

El líder del STUNAM, Agustín Rodríguez, informó que aunque las "vacaciones ya están definidas" -comienzan el 11 de julio y concluyen el 2 de agosto-, si existiera una postura por parte de las autoridades universitarias de hacer un ajuste en las fechas, el sindicato estaría dispuesto a firmar un convenio para realizar una prórroga de las vacaciones. Sin embargo, las autoridades "no han hecho ninguna mención al respecto".

Durante una reunión, el CGR acordó llamar a los trabajadores para realizar las guardias. Rodríguez explicó que las mismas no son obligatorias, ya que es una cuestión de solidaridad con el movimiento estudiantil.

Por otra parte, en un comunicado, la organización sindical consideró "como positivo" el encuentro entre las autoridades y el Consejo General de Huelga (CGH), y confió en que este acercamiento "se sostenga hasta la resolución" del conflicto.

"De requerir hacer un ajuste al periodo vacacional, el sindicato estaría en disposición de hacer un ajuste en las fechas si esto ayuda a la recuperación del semestre. De no hacerse el cambio de fechas, llamamos a todos los trabajadores y delegados sindicales a organizar guardias de solidaridad con el movimiento de huelga", indica el comunicado.

Por último, el STUNAM acordó apoyar la manifestación convocada por el CGH para el próximo viernes a las 16 horas, que partirá de Tlatelolco al Zócalo capitalino.

Tras la tregua de las vacaciones de diciembre, el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) y la Comisión de Rectoría iniciaron -6 de enero de 1987- el diálogo público en el auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras: Justo Sierra, para las autoridades, Che Guevara, para los estudiantes. Considerado un hecho inédito en la historia reciente de la UNAM, la negociación resultó sin embargo un intercambio de acusaciones y recriminaciones mutuas que entrampó aún más a ambas partes.

Con una gran asistencia -mayoritariamente de estudiantes a favor del CEU-, los debates fueron largos e inicialmente cada una de las partes se aferraba a su posición. El Consejo Estudiantil Universitario mantenía su demanda de derogar los tres reglamentos impugnados (Inscripciones, Pagos y Exámenes) y las autoridades sostenían que la reforma había sido producto de una amplia consulta a la comunidad.

Del 6 al 29 de enero de 1987, hubo catorce sesiones, casi 200 intervenciones y cerca de 50 horas de diálogo sin ningún acuerdo. En el curso de las conversaciones, las dos partes usaron un lenguaje duro. El CEU señaló errores a los miembros de la Comisión de Rectoría y, en más de una ocasión, exhibió a los funcionarios universitarios, arrancando aplausos del numeroso público estudiantil.

Ante sofismas de la rectoría, como ''que los estudiantes estudien y los profesores enseñen'', la respuesta ''que los funcionarios funcionen'', en voz de la joven preparatoriana Andrea González, provocaba que los representantes del rector perdieran la compostura.

Para el diálogo público, cada una de las partes nombró una comisión de diez representantes y, respectivamente, un grupo de asesores. Por los estudiantes estuvieron: Carlos Imaz (Ciencias Políticas), actual líder capitalino del Partido de la Revolución Democrática; Antonio Santos (Filosofía y Letras); Imanol Ordorika y Guadalupe Carrasco La Pita (Ciencias). Esta última es actualmente académica de esta facultad; Luis Alberto Alvarado (ENEP-Acatlán); Oscar Moreno (CCH-Azcapotzalco); Andrea González (Preparatoria 4). Ambos actuales funcionarios del gobierno capitalino; Héctor Miguel Salinas (CCH-Oriente); Leyla Méndez (Preparatoria 5), y Antonio González o Antonio Ríos Romero (CCH Popular 6).

Por las autoridades universitarias: José Narro Robles (secretario general), ahora funcionario del sector salud; Carlos Barros Horcasitas (secretario de la rectoría); Mario Ruiz Massieu (director de Planeación, quien representaba el ala dura de la comisión). A la fecha, permanece en arresto domiciliario en Estados Unidos acusado de diversos delitos presuntamente relacionados con el narcotráfico e involucrado en la controvertida investigación del asesinato de su hermano José Francisco Ruiz Massieu; dos profesores de la Facultad de Derecho considerados representantes de la derecha universitaria: José Dávalos Morales, amigo y hombre de toda la confianza de Carpizo, y Raúl Carrancá y Rivas; Fernando Curiel (coordinador de Difusión Cultural); José Sarukhán Kermez (director del Instituto de Biología), a la postre rector de la UNAM por dos periodos y quien también fracasó en su intento de incrementar las cuotas; Humberto Muñoz (director de Proyectos Académicos), quien funge ahora como coordinador de Humanidades, y Ernesto Velasco (director de la Facultad de Arquitectura).

El primer día de negociaciones, el CEU demandó reiteradamente a las autoridades universitarias la definición de su proyecto de universidad o el que conduciría a la reforma. La rectoría respondió que un proyecto no se podía definir como un todo o algo acabado. Y prácticamente la discusión quedó empantanada.

En el siguiente, se analizó el Reglamento de Inscripciones. El Consejo Estudiantil Universitario lo calificó como el paso inicial para acabar con la universidad de masas, como ''un propósito del gobierno para no seguir financiando la educación superior''. Acusó a la rectoría de responder a los lineamientos del Proides, en el que se recomendaba eliminar el pase automático y reducir la matrícula para hacer más eficaz la educación. Los comisionados del entonces rector Jorge Carpizo rechazaron los argumentos y aseguraron que el reglamento tenía el único objetivo de aceptar a ''los más capacitados y preparados''.

La tercera sesión fue para analizar el Reglamento de Exámenes, pero el CEU tampoco cedió. La reunión subió de tono al intervenir Gastón García Cantú, asesor de la Comisión de Rectoría, quien acusó al Consejo de ''intransigente'' y de actitudes ''coercitivas'' por su amago de huelga. Imaz se ganó el aplauso al refutarle que se sentara a dialogar con ''agitadores y seudoestudiantes'', como los llamó el historiador en un artículo periodístico. ''¡Duro contra ese traidor!'', se escuchó en el Che Guevara.

El viernes 9, se cerró la primera ronda del diálogo con el debate sobre el Reglamento General de Pagos, el más espinoso del conflicto y que derivó en polémico tema sobre el financiamiento gubernamental a la educación superior. Aunque con similares argumentos, pero con opuestos caminos de solución, las autoridades universitarias y el CEU coincidieron en que el problema eran los exiguos recursos a la institución. El organismo estudiantil propuso a la rectoría que, junto con la comunidad universitaria, exigiera al gobierno un aumento de 100 por ciento al presupuesto universitario. Los representantes del rector hicieron mutis a la propuesta y pidieron un receso de un día para elaborar una contrapropuesta.

Acorraladas o no, sorpresivamente las autoridades de la UNAM comenzaron a retroceder. El domingo 11 de enero -en un desplegado publicado en La Jornada- ofrecieron al CEU un paquete de diez puntos, donde argumentaron: ''El conflicto que actualmente vivimos... ha llegado a un punto en que es preciso reconstruir los pasos de las partes en pugna. Por todo eso, proponemos un Congreso General Universitario y la derogación de las reformas''. La Comisión de Rectoría pidió que se analizara la propuesta y, de aceptarse, se sometería para su aprobación al Consejo Universitario.

Ese mismo día el CEU rechazó el ofrecimiento, pues se excluía el carácter resolutivo del congreso, y acordó reanudar sus movilizaciones, marchas, mítines y una serie de acciones con otros organismos estudiantiles. El lunes 12, en una concentración en la explanada de rectoría, anunció su decisión de hacer efectiva la huelga el jueves 29 de enero.

El diálogo se reanudó el viernes 16, con una sorpresa para el CEU. Los representantes del rector Carpizo modificaron el sentido del paquete. No hablaban ya de realizar un congreso -''sólo el Consejo Universitario está facultado para tomar decisiones de ese tipo'', dijo Narro- sino de un foro de análisis y discusión en el que participaría toda la comunidad y las decisiones se someterían a consideración del Consejo Universitario.

De ''poca seriedad'' calificó el Consejo Estudiantil Universitario la reunión y en voz de Imanol Ordorika anunció que se retiraba de las negociaciones.

Eran las 12:15 horas. José Narro Robles gritó: ''¡Que quede constancia de dónde está la intransigencia y dónde la UNAM!''. Enseguida, el resto de la Comisión de Rectoría lanzó el tradicional goya universitario, aceptando tácitamente el rompimiento de las pláticas.

De este modo, las dos partes encajonaron el conflicto por su desacuerdo sobre cómo discutir la reforma: el CEU pedía que fuera a través de un Congreso Universitario Resolutivo y la rectoría que lo aprobara y sancionara el Consejo Universitario.