La Comisión Plural de Investigadores (CPI) y el Colegio de Profesores de la Facultad de Filosofía y Letras (FFL) acordaron exigir al rector Francisco Barnés de Castro el inmediato nombramiento de una comisión con capacidad resolutiva para dialogar con el Consejo General de Huelga, a fin de resolver cuanto antes el conflicto en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En una reunión entre la CPI y una comisión de representantes del colegio de la FFL, se analizó la huelga estudiantil ante la preocupación de los académicos por la prolongación de la paralización de las actividades en la máxima casa de estudios y el deterioro de su vida académica. Ambas instancias se manifestaron por continuar dialogando con las comisiones del CGH o con grupos de estudiantes, a fin de mantener un contacto para buscar una solución al conflicto.

Elvira Concheiro, una de las voceras del CPI, manifestó su desacuerdo con las dudas del rector Barnés acerca de las agresiones y secuestros de estudiantes paristas, y con sus declaraciones en el sentido que los estudiantes no pueden pedir su renuncia, lo cual -precisó- no han solicitado.

"Francamente sus declaraciones son de una gran insensibilidad, pues hay actas levantadas y testigos de las agresiones, y salen sobrando comentarios de ese tipo tratándose de hechos violentos".

En lugar de eso, planteó la investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, las "autoridades debieron hacer un manifiesto por el clima de agresiones contra algunos paristas, porque no sólo lesionan a unos jóvenes, que ya de por sí es condenable, sino también a la UNAM como institución, porque los hechos ocurrieron, en algunos casos, en las instalaciones universitarias".

Momentos antes de iniciar ayer su asamblea, los académicos del Colegio de Profesores de la FFL se adhirieron a una carta de protesta por los actos violentos en contra de algunos participantes en el movimiento estudiantil. Fernando Belaunzarán recolectó las firmas y consideró que las "dudas" de Barnés son "sólo una muestra de la mezquindad de las autoridades universitarias".

Ante la solicitud que hizo el abogado general de la UNAM, Gonzalo Moctezuma Barragán, al procurador capitalino, Samuel del Villar, la investigadora Concheiro opinó que esta dependencia debe proceder de inmediato ante las denuncias presentadas por los estudiantes agredidos, para deslindar responsabilidades y esclarecer la violencia generada contra el movimiento estudiantil.

Concheiro agregó que la declaración de Barnés en relación con que los estudiantes no pueden solicitar su renuncia, es el mejor ejemplo de la necesidad de revisar las formas de gobierno de la UNAM y, en particular, la elección del rector, porque "tal parece que las autoridades se sienten ajenas o al margen de la comunidad, cuando todo universitario tiene derecho de cuestionar o expresar su inconformidad por la incapacidad o el incumplimiento de los funcionarios en las cuestiones de gestión directiva o en la toma de decisiones".

Instó al rector Barnés a reconsiderar su postura, pues si bien oficialmente a éste lo nombra la Junta de Gobierno, "debe estar atento a los planteamientos que la comunidad le hace, porque se supone que la está representando".

En ello coincidió Belaunzarán, ex líder del Consejo Estudiantil Universitario, pues "indica que Barnés sólo responde a quien lo eligió como rector, es decir, al Presidente de la República. Este es el problema, porque si respondiera a la comunidad no estaríamos en este problema de la huelga".

Agregó: "Barnés es un representante del gobierno federal en la UNAM y no al revés, como debiera ser".

Al indicar que hay preocupación de la CPI por la prolongación de la huelga, Concheiro insistió en la urgencia de una Comisión de Diálogo por parte de Rectoría, toda vez que tanto el CGH como los investigadores y académicos de diversas facultades han planteado propuestas de formato para dialogar.

"Esa lentitud con la que están procediendo las autoridades nos ha llamado la atención, sobre todo porque algunos integrantes de la Comisión de Encuentro (nombrada en días pasados por Barnés) han dicho que no hay prisa y que la solución del conflicto llevaría varias semanas más, cuando ya estamos en la cuarta de huelga".

Por su parte, en la asamblea del Colegio de Profesores, Elena Beristáin, académica emérita, coincidió en que el alargamiento del conflicto perjudica la vida institucional de la UNAM, y dijo que aun cuando algunos estudiantes no quieren ceder en sus posturas, el movimiento "sirvió para que afloraran una serie de problemas de la universidad y evitó que se diera una albazo con la reforma de las licenciaturas".

Compartió la postura de que el rector debe dar una solución cuanto antes al conflicto, y además debe comprometerse de manera "irrevocable" a realizar un diálogo o establecer un foro en el cual también se discuta una serie de problemas que han aflorado a partir del movimiento estudiantil.

Al respecto, Concheiro informó que están discutiendo diversos colegios del personal académico un formato preciso para efectuar un foro que pudiera denominarse ''encuentro por la universidad'', a fin de analizar una agenda con cuatro ejes fundamentales:

Reformas académicas de la universidad, formas gobierno, financiamiento, mecanismos de evaluación del trabajo académico, e ingreso y permanencia del personal docente y de investigación.

La rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) externó al procurador de Justicia del Distrito Federal, Samuel del Villar, su "más amplía disposición" para colaborar en las indagatorias que permitan aclarar las agresiones contra los estudiantes Juan Carlos Zarate e Israel Flores Aguilar, quienes en días pasados fueron secuestrados y recibieron golpes y amenazas de muerte por participar en el movimiento estudiantil.

Aunque la intención fue externar la preocupación del responsable del manejo universitario y su comunidad sobre los acontecimientos, se destaca que, al mismo tiempo, el abogado general de la institución, Gonzalo Moctezuma Barragán, dio a conocer parte del historial académico de los alumnos -cuando éste por legislación de la propia UNAM no debe ser del dominio público- y los sitúa como estudiantes irregulares.

Mediante una carta, Gonzalo Moctezuma externó la preocupación de Barnés de Castro por los agravios cometidos en contra de los estudiantes citados, quienes según notas periodísticas -de las cuales entregaron copias al procurador-, son víctimas de una campaña de violencia por ser parte del Consejo General de Huelga (CGH).

La misiva que ayer se entregó a Del Villar resalta que en esas notas se consignan "actos delictuosos, específicamente de privación ilegal de la libertad, lesiones y amenazas en contra de Juan Carlos Zárate Gómez, quien ingresó al CCH, plantel Sur, en 1992, siendo su última fecha de inscripción en 1995, y de Israel Flores Aguilar, quien ingresó en el mismo año a la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, siendo su última fecha de inscripción en 1998, quienes, según su dicho, han sufrido tales agravios por participar en el conflicto por el que atraviesa la Universidad Nacional Autónoma de México".

En el documento, Moctezuma manifiesta su disposición de colaborar con la procuraduría en las investigaciones que realice al respecto. Agrega: "Le solicito sea tan amable de informarnos de la resolución que tome el Ministerio Público con el objeto de darla a conocer a la comunidad universitaria", la cual "está muy atenta del esclarecimiento de estos casos y de las sanciones a quien o a quienes resulten responsables". La carta fue enviada "atendiendo a las instrucciones del doctor Francisco Barnés de Castro".

Esta es la primera ocasión, desde que inició la huelga en la UNAM, que de manera directa la rectoría externa su disposición para colaborar con las autoridades capitalinas en la investigación de hechos violentos en contra de algún integrante de la comunidad universitaria.

En el texto Moctezuma ventiló parte del historial académico de los estudiantes agredidos a pesar de que, por disposición legal en la máxima de estudios, no debe ser del dominio público.

De acuerdo con la última fecha de inscripción de esos alumnos, ellos tienen una situación irregular dentro de la UNAM. En el caso específico de Juan Carlos Zárate Gómez, la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades indicó que por pertenecer a una generación pasada, debe muchas materias. Sobre Israel Flores Aguilar no se dieron más datos, por aducirse que la información de su vida académica no debe "ventilarse".

De acuerdo con el Reglamento General de Inscripciones -artículo 19-, los límites de tiempo para estar inscritos en la universidad con los beneficios de todos los servicios educativos y extracurriculares serán cuatro años para bachillerato, y en licenciatura y en las carreras cortas no se debe exceder 50 por ciento la duración del plan de estudios respectivo.

Los alumnos que no terminen sus estudios en los plazos señalados no serán reinscritos, y únicamente conservarán el derecho a acreditar las materias faltantes por medio de pruebas extraordinarias, según el Reglamento General de Exámenes.

Sin embargo, para estos alumnos -aunque es previsible que deben materias por el tiempo de estancia en sus respectivos planteles- la disposición no es aplicable, pues ese reglamento no es retroactivo, y fue aprobado en junio de 1997.

Al ratificar el ultimátum al rector Francisco Barnés de Castro para que hoy responda a la exigencia de dialogar, el Consejo General de Huelga (CGH) reprobó que el máximo dirigente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) haya puesto en duda las agresiones físicas y el secuestro de varios participantes en el movimiento estudiantil, por lo cual le exigió que si él no tiene participación en esos hechos lo aclare, o de lo contrario será responsable de cualquier otra agresión contra paristas.

Asimismo, condenó que el abogado de la máxima casa de estudios, Gonzalo Moctezuma Barragán, haya proporcionado datos confidenciales de los estudiantes agredidos en la solicitud que le hizo ayer al procurador General de Justicia del Distrito Federal, Samuel del Villar, para esclarecer los agravios.

En conferencia de prensa, los voceros en turno del CGH insistieron en responsabilizar a Barnés del alargamiento de la huelga por su "reiterada negativa de sentarse a dialogar", y lo instaron a nombrar una comisión resolutiva. El conflicto cumple hoy un mes de haberse iniciado.

Aclararon que por razones de seguridad, la comisión encargada del resguardo de las instalaciones de Ciudad Universitaria determinó no permitir el acceso con vehículo a los investigadores de los institutos, pero que sería discutida esta medida y también la determinación si se reanuda el ingreso de los medios de información a las sesiones del CGH.

Esperaremos a Barnés todo el día

Marjorie González y Jesús Lozano, voceros de la Comisión de Prensa del CGH, manifestaron que a partir del primer minuto de hoy esperarían todo el día la respuesta de Barnés sobre su exigencia de dialogar, al tiempo que calificaron como una "grave irresponsabilidad del rector haber apostado al desgaste del movimiento estudiantil. "No estamos desgastados, pero tampoco es correcto que la huelga se prolongue", precisó la estudiante de la Facultad de Ciencias, y agregó: "Nosotros queremos que se resuelva el conflicto".

Reiteró que no aceptarán la Comisión de Encuentro nombrada en días pasados por Barnés, porque "no se está dirigiendo al CGH sino en general a la comunidad y aquí hay dos polos del problema: nosotros y el rector. Agregó que cuando designe una comisión de diálogo con carácter resolutivo y ésta dé respuestas a sus demandas, el CGH nombrará a sus trece representantes rotativos para dialogar. Pero, indicó, el rector debe comprometerse a que esa comisión cumplirá los acuerdos entre ambas partes.

Puntualizó que cuando el rector diga sí a la iniciativa de diálogo del CGH determinarán el lugar del encuentro, que hasta el momento el movimiento estudiantil sólo ha acordado que sea dentro de un recinto universitario.

De acuerdo con Marjorie González, los estudiantes han sido flexibles y han demostrado voluntad para una solución, al demandar en dos ocasiones el diálogo. Pero criticó que ni el rector ni la Comisión de Encuentro se hayan manifestado sobre el formato del CGH para sentarse a dialogar, cuya comisión de 13 representantes por escuela y facultad serán rotativos.

"Eso no es un problema ni debe ser argumento de las autoridades para desconocerlo, pues así lo determinamos a fin de que los acuerdos estén avalados por las asambleas" En caso necesario, dijo, diario se harían reuniones para discutir los planteamientos de las autoridades.

Destacó que otra muestra de que el CGH desea dialogar "es que no lo hemos condicionado al esclarecimiento de las agresiones y los secuestros, pero sí exigimos" una declaración "del rector sobre los hechos, porque hay una larga lista de estudiantes que hemos sido golpeados, además de los casos denunciados en la prensa". Sobre el número de agraviados, informó que solicitarán al Centro de Derechos Humanos Agustín Pro les proporcione los nombres de otros universitarios agredidos.

Ante las dudas del rector sobre las agresiones y los secuestros de varios paristas, en particular de Juan Carlos Zárate, del Colegio de Ciencias y Humanidades, aseguró: "Hay testigos, pruebas, denuncias ante el Ministerio Público y en la prensa; todo mundo ha visto a nuestro compañero golpeado y con los navajazos en su cuerpo".

Sobre la solicitud del abogado general al procurador capitalino, en la cual se señalan las fechas en que se inscribieron los alumnos Zárate e Israel Flores Aguilar, los voceros estudiantiles exigieron a las autoridades de la UNAM abstenerse de dar "informes y datos de ese tipo, por ser confidenciales. Si el abogado quería reconocer que eran universitarios, bastaba con haberlo dicho". Según Jesús Lozano, vocero en turno también y estudiante de la Facultad de Psicología, era una "manera de descalificar y desprestigiar a sus compañeros, para lesionar su imagen como estudiantes".

Por separado, Bolívar Huerta, de la Comisión de Enlace del CGH, dijo que si Barnés dudaba de las agresiones y los secuestros, el movimiento también ponía en tela de juicio su calidad de rector, "porque hasta ahora no ha demostrado capacidad para resolver el conflicto". Sus declaraciones, agregó, "son muestra de su ineptitud y de no tener el más mínimo respeto por los estudiantes agredidos". Los voceros del CGH coincidieron en que las agresiones a los universitarios son parte de la política represiva del gobierno contra los movimientos sociales, como el de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y el del Sindicato Mexicano de Electricistas, entre otros.

Cierre de accesos y vetos a la prensa

Aunque Marjorie González aclaró que no es decisión del CGH el restringir el acceso a los investigadores en sus vehículos, afirmó que los responsables del resguardo de las instalaciones lo hicieron por cuestiones de seguridad y tampoco era un acuerdo el cierre de los institutos de investigación.

"A lo mejor también se debió a una confusión de algunos compañeros que se quedan dormidos al momento de tomar los resolutivos, pero de ninguna manera es una acción en contra del sector de los académicos ni de otros trabajadores que se han visto afectados. Pero esto lo discutiremos en la próxima sesión del CGH, como también el acceso a los medios de información a las reuniones del pleno."

El martes pasado los encargados del único acceso a Ciudad Universitaria, por la avenida Insurgentes, casi a la altura de la Facultad d Arquitectura, determinaron no dejar ingresar a los investigadores en sus automóviles. Esto afecta al personal de más de una veintena de institutos y centros.

Sobre el veto a los medios de información, Marjorie aseveró que el CGH respetaba la libertad de expresión de los periodistas, pero que en los casos de Televisa, Tv Azteca y Radio Red, 19 escuelas determinaron no darles acceso por el "tendencioso manejo informativo" sobre el movimiento estudiantil. "En todo caso si se les permite ingresar, solicitaremos que esos medios nos den derecho de réplica", dijo. Otras ocho escuelas se manifestaron por admitir a todos los representantes de la prensa y cinco porque a nadie se vetara.