El rector de la UNAM, Francisco Barnés de Castro, deploró ayer los secuestros de activistas estudiantiles promotores de la huelga ­''si es que han ocurrido''­ y dijo estar dispuesto a utilizar todo el peso moral de la máxima casa de estudios en donde haya que hacerlo para evitar que estos hechos ocurran.

Horas después de que el Consejo General de Huelga le pusiera un ultimátum en el sentido de desconocerlo como interlocutor si no atendía sus demandas, respondió que con posturas radicales no puede haber diálogo constructivo, y advirtió a los que piden su destitución: ''Los estudiantes paristas no son los que designaron al rector y tampoco son los que tienen autoridad para pedir su renuncia''.

Entrevistado en la Casa Lamm, donde acudió con la plana mayor del sector educativo y universitario a firmar acuerdos de colaboración con universidades de Canadá, el rector señaló que las partes pueden buscar un interlocutor de su confianza, pero es mejor que los universitarios demuestren a la sociedad que son capaces de resolver los problemas entre ellos.

Al día siguiente de que las cinco fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados se comprometieran a respetar la autonomía universitaria e hicieran un llamado al diálogo, Barnés se congratuló y dijo que ojalá eso hubiera ocurrido al principio del conflicto. ''Es lo más sano para la educación del país y para la vida política democrática'', aseguró.

Interrogado sobre si está dispuesto a derogar el reglamento que incrementa las cuotas de colegiatura para poner fin al conflicto, señaló que ha repetido en varias ocasiones que ninguna normatividad es definitiva y que puede ser modificada o mejorada; sin embargo, insistió en que los estudiantes que cuentan con recursos deben aportar a su educación.

Barnés precisó que de acuerdo con la consulta que promueve la rectoría en la comunidad universitaria, la mayoría está de acuerdo en que ningún estudiante sin recursos económicos se quede sin educación, y que aquellos que están en posibilidad de aportar una cantidad pequeña para que mejoren los servicios de la Universidad Nacional, lo hagan.

Para el rector, el fondo del conflicto es cómo conciliar estos dos aspectos, ''pues no vemos ningún problema en el fondo y es curiosamente en la forma en donde nos hemos enfrentado a una situación que se complica por razones de muy diversa índole''.

La reglamentación, añadió, podría dejar plasmado el compromiso de la universidad al demandar que el Estado le asigne el financiamiento adecuado y asegurar que los ingresos adicionales ­entre ellos los de las cuotas­ no sean pretexto para que el gobierno se desentienda de su compromiso con la institución.

Insistió en que no acepta un diálogo público, como lo proponen los estudiantes paristas, y señaló que si los mismos alumnos impiden que los periodistas estén presentes en sus asambleas para poder discutir con más libertad, con mayor razón en un diálogo entre autoridades y alumnos.

''Estamos dispuestos a ofrecer un diálogo abierto y resolutivo, y tendrá que ser público en la medida en que vayamos informando los acuerdos a que se llegue... lo que no podemos hacer es llegar a un diálogo donde cada una de las palabras que se dicen estén siendo difundidas a nivel nacional, porque entonces no se habla para tratar de entender y convencer al interlocutor, sino para el público que nos escucha afuera'', explicó.

Poco antes de firmar los acuerdos con autoridades de universidades canadienses, a Barnés se le preguntó a qué atribuye los secuestros de los activistas estudiantiles Rodrigo Figueroa, Juan Carlos Zárate y Héctor Pulido. ''Pregúnteselo a ellos'', respondió, y dijo después que las autoridades universitarias no tienen información alguna al respecto. ''Los deploramos si es que han ocurrido. Deploramos cualquier acción que vaya más allá del diálogo y del respeto entre universitarios... Estamos en la mejor disposición de utilizar todo el peso de la universidad, en donde haya que hacerlo'', advirtió.

A propósito de este tema, Nuria Fernández, suprocuradora social del Distrito Federal ­quien se encontraba en el lugar­, encaró al rector y lo acusó de no defender a los universitarios en un país donde ''hemos vivido Aguas Blancas y Acteal''.

Cuando la mayoría de los funcionarios se habían ido y sólo Barnés y su hermana Dorotea se encontraban en los jardines de ese edificio de la colonia Roma, la perredista señaló que la del rector debe ser una voz universal. ''Una cosa es que haya huelga y que se impidan las labores, podemos estar o no de acuerdo, pero otra cosa es que llegue a haber amenazas que pongan en riesgo la vida de la gente. Ojalá el rector pueda hacer algo''.

Barnés respondió: ''Lo tengo perfectamente claro''.

Molesta, Fernández insistió: ''Me parece muy triste que usted piense eso en un país donde hemos vivido Acteal y Aguas Blancas y tenemos, no según nosotros sino según la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, uno de los primeros lugares en violaciones de derechos humanos en el mundo''.

­Lo tengo perfectamente claro... ­repetía el rector.

''Es de la mayor importancia que las voces que tienen poder, y la voz de usted tiene poder, defiendan a la gente que está siendo agredida...'', agregó la funcionaria.

­Lo único que le pido es que de igual manera salga a defender el derecho de todos los universitarios de ejercer libremente sus derechos, sin que exista violencia en contra suya ­concluyó Barnés.

Por 91 votos a favor de desconocer al rector Francisco Barnés de Castro como interlocutor del movimiento estudiantil y 69 por exigir su renuncia, el Consejo General de Huelga (CGH) determinará esta semana la instancia con la cual establecerá el diálogo con miras a solucionar el conflicto estudiantil, esto en caso de que el rector no responda al ultimátum fijado para mañana en el sentido de que responda satisfactoriamente al pliego petitorio del CGH, en particular el punto de un diálogo bajo los términos planteados por el movimiento estudiantil: público, directo, abierto, resolutivo y sin ninguna intermediación.

En la asamblea extraordinaria en el auditorio de la Preparatoria 7 "Ezequiel A. Chávez", que se inició anteayer y concluyó este martes a las seis de la mañana, se acordó que en caso de no tener respuesta de Barnés, en la sesión del CGH de este sábado 22 las asambleas de cada escuela presenten propuestas para decidir al nuevo interlocutor.

También se aprobaron en lo general los tres ejes de la consulta metropolitana sobre la gratuidad de la educación pública, a efectuarse el próximo 27 del presente. Con esta acción el CGH apuesta a que la población se manifieste por un no rotundo al incremento de las cuotas.

La restructuración del CGH se limitó a los siguientes puntos: integración de la mesa de debates, con carácter rotativo, por un representante de cada sector: preparatorias, Colegio de Ciencias y Humanidades, facultades, escuelas periféricas y posgrado. Para adoptar resolutivos se acordó que sólo en caso de que 28 planteles tuvieran resolutivos de consenso se tomarán como acuerdos del CGH. En caso contrario, los puntos o temas regresarán a las asambleas. Pero esto no operó para vetar a todos los medios de información el acceso a la sesión del CGH.

A las dos de la mañana se llevaban diez horas continuas de sesión y los delegados se enfrascaron en ''argumentar'' a favor y en contra entre las dos opciones: renuncia o desconocimiento. No obstante que 36 escuelas y facultades --incluida la Coordinadora de Estudiantes de Posgrado-- acordaron por unanimidad fijar el ultimátum y ganó la postura de desconocer a Barnés, la aprobación no fue fácil para el CGH. El punto ameritó dos rondas de oradores.

Los partidarios por la dimisión del rector pretendieron que se incluyera como séptimo punto del pliego petitorio e incluso que en ese momento se hiciera propuesta de un nuevo interlocutor. Un sector de la Facultad de Economía fue de los más radicales. Francisco Cruz Retama planteó que en las asambleas se discutiera que el gobierno federal o el presidente Ernesto Zedillo asumiera la interlocución. Desde su perspectiva, porque dentro de la UNAM no se resolverá el conflicto ni por la Junta de Gobierno ni por el Consejo Universitario, pues ''hay un círculo vicioso y porque además si Barnés no ha solucionado es porque Zedillo no quiere que se resuelva''.

Una estudiante de Acatlán fue más allá al rechazar la ''posición de las corrientes que quieren como interlocutor a la Junta de Gobierno o al Consejo Universitario''. En su opinión, la solución al conflicto ''sólo podría darse con la creación de un gobierno tripartita universitario integrado por académicos, trabajadores y estudiantes. Aquí es donde debemos analizar la universidad que queremos''. Entre otras, se propusieron como instancias de interlocución la Junta de Gobierno, el Consejo Universitario, la Secretaría de Educación Pública y la Cámara de Diputados.

Ante la insistencia de una parte del CGH por la renuncia de Barnés, varios delegados propusieron que sea una exigencia de la marcha de este viernes que realizarán junto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), del Zócalo a Los Pinos.

José Luis Cruz y César Gómez, de la Facultad de Ingeniería, plantearon que para todos estaba claro que Barnés había demostrado su incapacidad para resolver el conflicto y su negativa a dialogar, pero su renuncia no era el objetivo del movimiento, sino el cumplimiento del pliego petitorio. Otros también consideraron que se corría el peligro de que se nombrara a otro rector ''más autoritario que Barnés'', con lo cual tampoco se resolvía el conflicto.

Las preguntas aprobadas en lo general son: ''¿Estás de acuerdo que el Estado mexicano está obligado a garantizar la educación pública y gratuita desde prescolar hasta la universidad? ¿Estás de acuerdo que el Estado debe cumplir con el compromiso de incrementar el presupuesto a la educación al 8 por ciento del Producto Interno Bruto? ¿Estás de acuerdo en que la lucha estudiantil por el respeto al derecho a la educación pública y gratuita es legítima y por tanto involucra a todos los mexicanos? ¿Estás de acuerdo en que la solución al conflicto en la UNAM debe darse por la vía del diálogo público, directo y resolutivo?''

En la consulta podrá participar la población a partir de los 11 años de edad, dado que está encaminada en gran parte hacia los estudiantes de secundaria.